No prevenir el fraude: qué significa el delito societario británico para los grupos turcos

Desde el 1 de septiembre de 2025, una gran organización puede ser condenada en el Reino Unido por no haber prevenido un fraude. El delito figura en la section 199 de la Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Se comete cuando un empleado, agente, filial u otra persona asociada comete uno de los delitos de fraude enumerados con la intención de beneficiar a la organización o a su cliente. No hace falta que nadie en el consejo conociera el fraude ni que la organización obtuviera algo de él. Su única defensa es que tenía, en ese momento, procedimientos razonables de prevención del fraude.

El delito se aplica a sociedades de capital y de personas con independencia del lugar de constitución, y el criterio de tamaño se aplica al grupo en su conjunto. Un grupo turco con clientes británicos, una filial comercial en el Reino Unido, agentes allí o financiación obtenida en Londres puede quedar alcanzado, aunque el derecho turco no impone penas a las sociedades. El riesgo práctico es que un fraude cometido en Bursa o Estambul, por personas a las que el consejo nunca ha visto, se convierta en un proceso penal contra la sociedad en Londres.

Tratamos primero las normas inglesas y después las turcas, pero cuando surge un problema ambas deben gestionarse a la vez. A quien no conozca el marco británico pueden serle útiles nuestras guías sobre sanciones, titularidad real y pagos transfronterizos y sobre la entrada en el mercado entre Turquía y el Reino Unido.

1. Por qué se creó el delito

El derecho penal inglés ha tenido durante mucho tiempo dificultades para condenar a una sociedad por un delito que exige falta de honradez. El obstáculo es la doctrina de la identificación (identification doctrine), tal como la formuló la Cámara de los Lores en Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153. Según ella, solo el estado mental de quien es la «mente y voluntad rectora» (directing mind and will) de la sociedad cuenta como el de la propia sociedad. En una gran organización, esa persona rara vez es la que comete el fraude.

El caso de la Serious Fraud Office (SFO) contra Barclays mostró lo estrecho que se había vuelto el criterio. En SFO v Barclays plc [2018] EWHC 3055 (QB), el High Court se negó a reabrir las acusaciones contra el banco derivadas de sus ampliaciones de capital de 2008 con inversores cataríes, que la Crown Court había archivado en mayo de 2018. El conocimiento del consejero delegado y del director financiero del grupo no podía atribuirse al banco, porque el consejo había encomendado las operaciones a una comisión financiera. Así fue aunque el juez de la Crown Court había apreciado sólidos indicios de falta de honradez de las personas físicas.

La respuesta del Parlamento ha sido una serie de delitos que no dependen de la atribución. La section 7 de la Bribery Act 2010 hace responsable a una organización comercial de los sobornos pagados por una persona asociada, con la defensa de los procedimientos adecuados. La section 45 de la Criminal Finances Act 2017 hace lo mismo con la facilitación de la evasión de impuestos británicos, con la defensa de los procedimientos razonables de prevención. La section 199 de la ley de 2023 extiende ese modelo al fraude. La organización es condenada por su propio fallo en prevenir el fraude, y la carga de probar la defensa recae sobre ella.

2. Los delitos de fraude que cuentan

El Schedule 13 de la ley enumera los delitos base. Para Inglaterra y Gales, la lista comienza con el fraude a la hacienda pública (cheating the public revenue) y con la falsedad contable y las declaraciones falsas de administradores de las sections 17 y 19 de la Theft Act 1968. Incluye el comercio fraudulento de la section 993 de la Companies Act 2006. Incluye también el fraude, la participación en un negocio fraudulento y la obtención deshonesta de servicios de las sections 1, 9 y 11 de la Fraud Act 2006. El fraude de la section 1 puede cometerse mediante una manifestación falsa, mediante la omisión de revelar información o mediante abuso de posición. También cuentan la complicidad, la inducción y la cooperación en cualquiera de estos delitos. El Secretary of State puede añadir por reglamento delitos de naturaleza similar, incluidos determinados delitos de blanqueo de capitales.

Cada uno de estos delitos exige falta de honradez por parte de la persona física. Según la section 2 de la Fraud Act, una manifestación solo es falsa si es inexacta o engañosa y quien la hace sabe que lo es o que podría serlo. Una declaración sobre un producto que más tarde resulta errónea no es, por sí sola, un fraude. El delito se dirige contra la conducta deshonesta en beneficio de la organización, y el trabajo de cumplimiento debe orientarse a ella y no a cualquier error posible.

El delito entró en vigor el 1 de septiembre de 2025 en virtud del SI 2025/349. Solo se aplica a fraudes cometidos en esa fecha o con posterioridad.

3. Grandes organizaciones y el criterio del grupo

La section 199 solo se aplica a una gran organización. Según la section 201, el criterio se aplica al ejercicio anterior al año del fraude. Una organización es grande si en ese ejercicio cumplía al menos dos de tres condiciones: un volumen de negocios superior a 36 millones de libras, un total de balance superior a 18 millones de libras y más de 250 empleados.

Para una empresa matriz, la section 202 aplica las condiciones al grupo en su conjunto, con umbrales alternativos netos y brutos para el volumen de negocios y el total de balance. La guía del Home Office confirma que se computan las filiales que operan íntegramente fuera del Reino Unido. Un holding turco cuyo grupo emplea a varios cientos de personas y factura más de 36 millones de libras es, por tanto, grande, aunque su única presencia británica sea una pequeña oficina comercial en Londres. El concepto de «subsidiary undertaking» tiene el significado de la section 1162 de la Companies Act 2006, que atiende al control de los derechos de voto, al control del órgano de administración y a la influencia dominante, y no solo a la titularidad.

Una sociedad del grupo que no sea grande por sí misma puede igualmente cometer el delito. Según la section 199(2), una filial responde del fraude de su propio empleado cometido en su beneficio si su matriz es una gran organización. Una sociedad productiva turca con 150 empleados, o una filial británica con una docena, queda por tanto alcanzada si pertenece a un gran grupo. La guía añade que las redes de LLP, los socios de la cadena de suministro y las franquicias no se suman a efectos del criterio de tamaño salvo que exista entre ellos una relación de matriz y filial.

4. Personas asociadas y la intención de beneficiar

La section 199(7) considera asociados a la organización a sus empleados, agentes y filiales, y a cualquier otra persona que preste servicios para ella o en su nombre. Esto se decide atendiendo a todas las circunstancias, no a la denominación del contrato. La section 199(8) añade a los empleados de las filiales de la organización, pero solo cuando pretenden beneficiar a la propia organización y no a un cliente. La exposición de un grupo turco se extiende, por tanto, al personal de todas las sociedades del grupo, a los distribuidores y agentes comerciales que actúan por él, a consultores e intermediarios y a proveedores externalizados. Un proveedor que solo vende bienes al grupo no está asociado con él. Un franquiciado solo lo está si presta servicios al franquiciador.

La persona asociada debe tener la intención de beneficiar, directa o indirectamente, a la organización o a un cliente al que se prestan servicios en su nombre. No es necesario que se obtenga efectivamente un beneficio, ni que este sea el motivo principal. Un vendedor que engaña a los clientes para cobrar una comisión mayor pretende, al menos indirectamente, beneficiar al empleador cuyas ventas generan esa comisión. La section 199(3) excluye el fraude dirigido a beneficiar a un cliente cuando la propia organización fue la víctima o la víctima pretendida. El fraude contra la sociedad, como el hurto cometido por un empleado, queda fuera del delito.

La organización puede ser perseguida aunque la persona física nunca sea acusada. Esto tiene una importancia particular para los grupos turcos. El artículo 38 de la Constitución turca prohíbe entregar a un ciudadano turco a un Estado extranjero por un delito, salvo por las obligaciones derivadas de la Corte Penal Internacional. Un empleado turco que comete un fraude desde Turquía puede, por tanto, no ser juzgado nunca en Inglaterra, mientras que la sociedad que lo emplea sí puede ser perseguida allí. La acusación debe probar en todo caso, con el estándar penal, que el empleado cometió el delito base.

5. Alcance territorial

La section 199 invierte el esquema territorial de la Bribery Act. La section 7 de la ley de 2010 solo se aplica a organizaciones que desarrollan actividad en el Reino Unido, pero la section 12(5) considera consumado el delito dondequiera que se pague el soborno. Con la section 199, la organización puede estar constituida y dirigida en cualquier lugar y no necesita desarrollar actividad alguna en el Reino Unido. Lo que debe estar vinculado con el Reino Unido es el fraude subyacente, que ha de ser delito según el derecho de alguna parte del Reino Unido.

Para los delitos de la Fraud Act, esa cuestión se rige por la Part 1 de la Criminal Justice Act 1993. Según su section 2(3), una persona puede ser culpable si cualquier «hecho relevante» (relevant event) se produjo en Inglaterra y Gales. La section 2(1A) dispone que, para el fraude de la section 1 de la Fraud Act, los hechos relevantes incluyen la producción de la ganancia o la pérdida pretendidas. La guía del Home Office resume el resultado: un fraude tiene vínculo con el Reino Unido si uno de los actos que lo integran tuvo lugar allí o si la ganancia o la pérdida se produjo allí.

Un certificado falso preparado en Bursa y enviado por correo electrónico a un comprador de Leeds tiene, por tanto, vínculo con el Reino Unido, porque el comprador sufre la pérdida en Inglaterra. Lo mismo ocurre con una inexactitud en la información facilitada a un prestamista de Londres, una solicitud falsa en un programa público británico o una manifestación engañosa de un vendedor establecido en el Reino Unido. Un fraude de personal turco contra clientes turcos, sin ganancia ni pérdida en el Reino Unido, queda fuera del delito. Para los grupos extranjeros, la guía lo dice sin rodeos: la organización puede ser perseguida si su empleado o persona asociada comete un fraude en el Reino Unido o dirigido contra víctimas que se encuentran allí.

6. La defensa de los procedimientos razonables

Según la section 199(4), la organización tiene una defensa si, cuando se cometió el fraude, contaba con los procedimientos de prevención que era razonable esperar de ella en todas las circunstancias. También la tiene si no era razonable esperar que tuviera procedimiento alguno. La carga de la prueba recae en la organización, según el balance de probabilidades. La section 204 obligó al Home Office a publicar una guía, actualizada por última vez en octubre de 2025. Se basa en seis principios: compromiso de la alta dirección, evaluación de riesgos, procedimientos de prevención proporcionados y basados en el riesgo, diligencia debida, comunicación incluida la formación, y supervisión y revisión.

La guía no es ley. Apartarse de ella no hace que los procedimientos sean irrazonables, y seguirla no los hace razonables. A la fecha de este artículo no existe ninguna resolución judicial publicada sobre la defensa de la section 199. Los primeros procesos contradictorios mostrarán cómo la aplican los tribunales.

A nuestro juicio, un tribunal dará menos peso a la calidad de las políticas escritas de un grupo que a lo que realmente ocurrió en el punto donde se produjo el fraude. Un código de conducta bien redactado sirve de poco si nadie en la planta lo había leído. Tampoco sirve de mucho si los certificados podían emitirse sin una segunda firma o si una sospecha planteada no llegó a ninguna parte. La guía apunta en la misma dirección. Señala que rara vez será razonable no haber realizado evaluación de riesgos alguna. Añade que la decisión de no abordar un riesgo identificado debe documentarse, con el nombre y el cargo de quien la aprobó.

Dos pasajes de la guía ayudan a los grupos establecidos fuera del Reino Unido. Acepta que los procedimientos para el personal y los agentes en el extranjero pueden diferir de los británicos, por ejemplo cuando el derecho local no permite aplicar los mismos procedimientos. También señala que la idoneidad de las políticas de grupo para un grupo no británico puede depender de qué parte de su actividad se desarrolla en el Reino Unido o afecta a víctimas allí. Por tanto, no se espera que un grupo turco traslade a Bursa un programa de cumplimiento pensado para Londres. Se espera que identifique sus puntos de riesgo británicos y los aborde.

7. La guía aplicada en un grupo turco

La guía analiza el riesgo de fraude desde la oportunidad, el motivo y la racionalización. En un grupo exportador turco, la oportunidad probablemente estará en manos de quienes elaboran los documentos en los que confía un cliente británico. Entre ellos figuran certificados de origen, informes de ensayo, declaraciones ecológicas y de sostenibilidad, y declaraciones exigidas por la normativa aduanera o de seguridad de los productos. El motivo probablemente será la presión comercial de una fecha de entrega, un objetivo de volumen o una comisión por pedidos británicos. La racionalización es la creencia de que un documento es una mera formalidad o de que los competidores hacen lo mismo, lo que la guía llama «erosión ética» (ethical fading). Un equipo financiero que prepara información sobre compromisos financieros para un prestamista de Londres, o un equipo que licita un contrato público británico, presenta un riesgo distinto pero igual de concreto.

La evaluación de riesgos debe identificar esos puntos, las sociedades del grupo y las personas implicadas, y el responsable de cada riesgo. Debe revisarse cuando cambie el negocio, por ejemplo al captar un nuevo cliente británico, al introducir una nueva declaración sobre un producto o al completar una adquisición. Los procedimientos se derivan después de la evaluación. Para un exportador típico, eso significa una comprobación independiente de cada certificado y resultado de ensayo antes de que llegue a un cliente británico, y sistemas de incentivos que no premien el volumen con independencia de cómo se consiga. Significa también declaraciones de conflictos de intereses de quienes aprueban ventas británicas, y contratos de agencia y distribución que exijan el cumplimiento y permitan la resolución por incumplimiento. La guía espera que las organizaciones pongan a prueba sus controles, y un control que nunca se ha probado es una prueba débil.

La diligencia debida debe ser proporcionada. Un distribuidor que va a hacer manifestaciones a clientes británicos en nombre del grupo merece un examen más riguroso que un proveedor de materias primas. En las adquisiciones, la guía advierte de que una sociedad objetivo que no era por sí misma una gran organización puede no tener ningún procedimiento orientado a este delito. Espera que el comprador evalúe los riesgos de la sociedad objetivo y extienda a ella sus propios procedimientos tras el cierre. Esto vale tanto para un grupo turco que compra un negocio británico como para un comprador británico de una sociedad turca.

La formación debe explicar el propio delito, además de las normas internas, y empezar por las funciones de mayor riesgo. Si el riesgo está en Turquía, debe impartirse en turco. Un canal de denuncias debe ser independiente de la línea jerárquica y proteger frente a represalias a quienes lo utilizan. Las denuncias recibidas en Turquía son datos personales, y su transferencia a una matriz o un proveedor británico requiere una base conforme al artículo 9 de la Ley n.º 6698, que se trata en el apartado 11. Muchos grupos ya investigan los fraudes cometidos contra ellos. La guía espera que esos mecanismos se extiendan a los fraudes cometidos en beneficio de la organización. Estos son más difíciles de detectar, porque nadie dentro del grupo tiene un motivo evidente para quejarse.

8. La posición del consejo de administración turco

El derecho de sociedades turco ya exige la supervisión que describe la guía. El artículo 375(1)(e) del Código de Comercio turco n.º 6102 convierte la alta supervisión de quienes tienen encomendada la gestión en una función indelegable del consejo de administración de una sociedad anónima. Esa supervisión abarca el cumplimiento de la ley, los estatutos y las directrices internas. Un programa de prevención del fraude aprobado por el consejo de la matriz, con informes periódicos al consejo, es una forma natural de cumplir esa función respecto de los riesgos vinculados al Reino Unido.

Esa función tiene también una vertiente de responsabilidad. Según el artículo 553, los consejeros que infringen culposamente sus deberes legales o estatutarios responden del daño resultante. Responden frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los acreedores de la sociedad. Una sociedad turca puede pagar en Londres una multa, o una cantidad conforme a un acuerdo de enjuiciamiento diferido, por carecer de procedimientos. Los accionistas pueden entonces preguntarse si el hecho de que el consejo no los estableciera infringió el artículo 375. No conocemos ninguna resolución turca sobre esta cuestión, y la respuesta dependerá de los hechos, pero los consejos deben contar con que se plantee. Nuestro artículo sobre deberes de los administradores, seguro D&O y estrategia del consejo en situaciones de crisis trata la función de supervisión del consejo y su aseguramiento.

9. La regla del alto directivo desde junio de 2026

La section 250 de la Crime and Policing Act 2026 se aplica desde el 29 de junio de 2026 y amplía la atribución de responsabilidad a las sociedades para todos los delitos. Cuando un alto directivo (senior manager) de una persona jurídica o sociedad de personas comete un delito actuando dentro del ámbito real o aparente de sus facultades, la organización también lo comete. Un alto directivo es una persona que desempeña un papel significativo en las decisiones sobre cómo se gestionan u organizan la totalidad o una parte sustancial de las actividades de la organización, o en su gestión u organización efectivas. La section 250 sustituyó las sections 196 a 198 de la ley de 2023, que aplicaban la misma regla solo a los delitos económicos enumerados.

La section 250 no tiene umbral de tamaño ni defensa de procedimientos razonables. Se aplica a entidades constituidas fuera del Reino Unido. Su única excepción territorial exige dos requisitos: toda la conducta constitutiva del delito debe producirse fuera del Reino Unido, y la organización no debe haber cometido el delito si esa conducta hubiera sido la suya. Un fraude que causa una pérdida a un cliente en Inglaterra es delito según el derecho inglés aunque se cometa desde el extranjero. Por ello, la excepción rara vez ayudará cuando se engaña a un cliente o prestamista británico.

Los dos regímenes se solapan. Según la section 199, una gran organización responde del fraude de una persona asociada salvo que pruebe procedimientos razonables. Según la section 250, cualquier organización es ella misma culpable del fraude cometido por su alto directivo dentro del ámbito de sus facultades. Si hoy se dieran hechos como los de Barclays, la cuestión no sería si las personas eran la «mente y voluntad rectora» de la sociedad, sino si eran altos directivos que actuaban dentro de sus facultades. En un grupo turco, un director general o un director comercial regional que aprueba personalmente manifestaciones falsas a contrapartes británicas expone a la sociedad que lo emplea a una responsabilidad directa.

10. Cómo trata el derecho turco los mismos hechos

El artículo 20 del Código Penal turco n.º 5237 dispone que la responsabilidad penal es personal y que no pueden imponerse sanciones penales a las personas jurídicas. Deja a salvo las medidas de seguridad previstas por la ley. El artículo 60 permite la revocación de una autorización y el comiso cuando se comete un delito en beneficio de una persona jurídica de derecho privado, en los casos que la ley establece. El artículo 169 aplica esas medidas a las personas jurídicas que obtienen un beneficio injusto de un hurto, una apropiación indebida o un fraude.

La principal sanción económica es administrativa. El artículo 43/A de la Ley de Faltas n.º 5326 permite multar a una persona jurídica cuando determinados delitos se cometen en su beneficio. Entre ellos figuran el fraude de los artículos 157 y 158 del Código Penal, el cohecho, la manipulación de licitaciones y el blanqueo de capitales. El autor debe ser un órgano o representante de la persona jurídica, o alguien que, sin serlo, actúa en el ámbito de su actividad. El marco legal va de 10.000 a 50 millones de liras turcas, se actualiza cada año conforme al artículo 17(7) y la multa no puede ser inferior al doble del beneficio obtenido. La impone el tribunal penal que juzga a la persona física.

Las personas físicas quedan sometidas directamente al Código Penal. El fraude del artículo 157 se castiga con prisión de uno a cinco años. Según el artículo 158(1)(h), el fraude cometido por un comerciante, un administrador de sociedad o una persona que actúa por cuenta de una sociedad en el curso de la actividad mercantil es fraude cualificado. Se castiga con prisión de tres a diez años y multa judicial de hasta 5.000 días. Según el artículo 8, un delito se comete en Turquía si el acto se realizó allí total o parcialmente o si el resultado se produjo allí. Un certificado preparado en Bursa para un comprador de Leeds queda, por tanto, sujeto a ambos ordenamientos. El derecho inglés se aplica porque la pérdida se produce en Inglaterra, y el turco porque el acto se realizó en Turquía.

Pueden seguirse así dos procedimientos sobre los mismos hechos contra acusados distintos. En Londres, la acusada es la sociedad. En Turquía, el acusado es la persona física, y la sociedad se ve implicada a través de la multa del artículo 43/A y de las posibles medidas de seguridad. Las admisiones de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, o las declaraciones de un expediente penal turco, pueden llegar a conocimiento de las autoridades del otro país. Cada paso debe planificarse teniéndolo en cuenta.

11. Pruebas situadas en Turquía

La principal facultad coercitiva de la SFO es el requerimiento de la section 2(3) de la Criminal Justice Act 1987. La resolución de referencia es R (KBR, Inc) v Director of the Serious Fraud Office [2021] UKSC 2. El Tribunal Supremo resolvió que esa facultad no permite a la SFO exigir a una sociedad extranjera que entregue documentos que conserva fuera del Reino Unido. La SFO había entregado el requerimiento a un directivo de la matriz estadounidense en una reunión en Londres. Eso no suplió la falta de alcance territorial, y el Tribunal Supremo rechazó una interpretación basada en una «conexión suficiente» (sufficient connection) con el Reino Unido.

Aun así, puede exigirse a la filial británica de un grupo turco que entregue lo que ella misma conserva. Para el material situado en Turquía, la SFO puede pedir asistencia judicial. Esas solicitudes se rigen por la Ley n.º 6706 de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal. La autoridad central es el Ministerio de Justicia turco, y prevalecen los tratados de los que Turquía es parte. La vía formal es lenta, y la guía de cooperación de la SFO espera que una sociedad que coopera identifique y aporte, con traducciones, los documentos pertinentes situados en el extranjero que estén bajo su control. Un grupo turco que quiera que se le reconozca la cooperación aportará, por lo general, voluntariamente material desde Turquía.

La aportación voluntaria plantea una cuestión de protección de datos turca. Los expedientes de investigación contienen datos personales de empleados, clientes y contrapartes. El artículo 9 de la Ley n.º 6698 se modificó en 2024. Permite las transferencias al extranjero sobre la base de una decisión de adecuación o de una garantía adecuada, como el contrato tipo publicado por el Consejo de Protección de Datos Personales. Un contrato tipo debe notificarse a la Autoridad en los cinco días hábiles siguientes a su firma y no está pensado para revelaciones a un fiscal. A falta de decisión de adecuación y de garantía, el artículo 9(6)(d) permite una transferencia ocasional cuando es necesaria para el establecimiento, el ejercicio o la protección de un derecho. Si una revelación a la SFO encaja en esa base debe valorarse, y la valoración documentarse, antes de que ningún material salga de Turquía. Nuestra guía de cumplimiento de la KVKK explica con más detalle las normas sobre transferencias.

12. Investigaciones internas: privilegio y derecho laboral turco

La forma en que se organiza una investigación determina qué podrá reservarse después. La resolución de referencia es Director of the SFO v Eurasian Natural Resources Corporation Ltd [2018] EWCA Civ 2006. El Court of Appeal resolvió que el privilegio procesal (litigation privilege) puede proteger documentos creados en una investigación interna una vez que un proceso penal es razonablemente previsible. Ese momento puede llegar antes de que la SFO abra una investigación formal. La protección exige que los documentos se hayan creado con el propósito dominante de defenderse frente a ese proceso o evitarlo. Las notas de entrevistas realizadas por directivos sin abogados corren el riesgo de no quedar protegidas.

El derecho turco protege la relación entre abogado y cliente por otra vía. El artículo 36 de la Ley de la Abogacía n.º 1136 prohíbe a los abogados revelar lo que se les ha confiado en el ejercicio profesional. El artículo 130 del Código Procesal Penal n.º 5271 permite registrar un despacho de abogados solo por resolución judicial. El registro se practica bajo la supervisión de un fiscal y en presencia de un representante del colegio de abogados. Estas normas protegen el secreto profesional del abogado y su despacho. Un grupo no debe suponer que el material de investigación guardado en las instalaciones de la sociedad en Turquía está protegido del mismo modo.

El derecho laboral turco añade un problema de plazos. El artículo 25(II) de la Ley del Trabajo n.º 4857 permite el despido por incumplimiento del deber de honradez y lealtad. Según el artículo 26, el empleador solo puede ejercer ese derecho dentro de los seis días hábiles siguientes a tener conocimiento de la conducta. En todo caso debe hacerlo dentro del año siguiente a la conducta, salvo que el trabajador haya obtenido de ella un beneficio material. La guía de la SFO pide a la sociedad que coopera que la informe con antelación de las entrevistas a testigos y demás actuaciones de investigación, para coordinarlas con la investigación de la propia SFO. Un despido, y cualquier entrevista previa, pueden ser una de esas actuaciones. Un grupo que se ha autodenunciado, o que se lo plantea, debe acordar pronto con la SFO el orden de los pasos. De lo contrario, puede verse obligado a elegir entre perder el derecho al despido disciplinario y perjudicar el trabajo de la SFO.

La guía también espera que los empleados actuales y antiguos, en el Reino Unido o en el extranjero, estén disponibles para entrevistas, con asesoramiento jurídico independiente cuando proceda. Los empleados turcos citados a una entrevista de la SFO pueden necesitar asesoramiento sobre las consecuencias en Turquía de lo que digan. Ese asesoramiento debe venir de su propio abogado, no del de la sociedad.

13. Autodenuncia y acuerdos de enjuiciamiento diferido

La section 206 incorporó el delito al Schedule 17 de la Crime and Courts Act 2013, de modo que puede resolverse mediante un acuerdo de enjuiciamiento diferido (deferred prosecution agreement). También extendió al delito las facultades de investigación de la section 61 de la Serious Organised Crime and Police Act 2005. Además, lo convirtió en delito grave a efectos de las órdenes de prevención de delitos graves (serious crime prevention orders). En un acuerdo de enjuiciamiento diferido, el proceso se suspende mientras la organización cumple las condiciones pactadas. Estas pueden incluir una sanción económica, la indemnización de las víctimas, la restitución de beneficios, un programa de cumplimiento y la cooperación en investigaciones conexas. El acuerdo debe contener una exposición de hechos, que puede incluir admisiones. Solo surte efecto cuando la Crown Court declara que responde al interés de la justicia y que sus condiciones son equitativas, razonables y proporcionadas.

Los casos de la Bribery Act muestran que esta vía se utiliza con grupos establecidos fuera del Reino Unido. En enero de 2020, la Crown Court aprobó un acuerdo entre la SFO y Airbus SE. Comprendía cinco cargos por no haber prevenido el soborno conforme a la section 7, relativos a conductas en Sri Lanka, Malasia, Indonesia, Taiwán y Ghana, y pagos de casi 991 millones de euros.

La guía de cooperación de la SFO se publicó por primera vez el 24 de abril de 2025 y se actualizó el 13 de octubre de 2026. Establece que una sociedad que se autodenuncia con prontitud y coopera plenamente será invitada a negociar un acuerdo de enjuiciamiento diferido en lugar de ser acusada, salvo circunstancias excepcionales. La SFO aspira a decidir si abre una investigación en los seis meses siguientes a una autodenuncia. Cuando sea posible, aspira también a concluir las negociaciones en los seis meses siguientes a la aceptación de una invitación. No autodenunciarse con prontitud a sabiendas pesa en contra de la sociedad. Una sociedad que mantiene una pretensión válida de secreto profesional (legal professional privilege) no es penalizada por ello, aunque la renuncia se considera un acto de cooperación significativo. La guía pide además un análisis del programa de cumplimiento vigente en el momento de los hechos y de las medidas correctoras adoptadas desde entonces. La calidad de los procedimientos del grupo importa, por tanto, incluso en una solución negociada.

Para un grupo turco, la decisión de denunciar no puede tomarse solo en Londres. Los hechos serán relevantes en Turquía, el material necesitará una base lícita para salir de Turquía y las personas físicas pueden enfrentarse a procedimientos turcos. Nuestro artículo sobre requerimientos regulatorios y preparación ante inspecciones en Turquía aborda la vertiente turca de una investigación.

14. Sanciones y contratos públicos

En caso de condena en un juicio con acusación formal (on indictment), la multa no tiene límite. En caso de condena en procedimiento sumario en Inglaterra y Gales tampoco lo tiene, mientras que en Escocia e Irlanda del Norte una multa sumaria no puede superar el máximo legal. Una orden de prevención de delitos graves puede imponer restricciones continuadas a la forma en que la organización desarrolla su actividad.

Los grupos que venden al sector público británico deben prestar atención aparte a la Procurement Act 2023. Una condena conforme a la section 199 no es, por sí misma, una causa de exclusión obligatoria del Schedule 6. Sin embargo, un poder adjudicador puede tratar la conducta subyacente como una falta profesional que implica falta de honradez. Esa es una causa de exclusión discrecional conforme al párrafo 11 del Schedule 7. La condena de la persona física puede pesar más que la de la sociedad. El Schedule 6 convierte en causa obligatoria la condena de un licitador o de una persona vinculada (connected person) por fraude conforme a las sections 2 a 4 de la Fraud Act. El párrafo 34 la extiende a los delitos equivalentes del derecho extranjero. Entre las personas vinculadas figuran los administradores del licitador, las personas con control significativo sobre él y sus sociedades matrices y filiales. Una condena turca conforme al artículo 157 o 158 de un administrador de la sociedad licitadora, o de una persona con control significativo sobre ella, podría por tanto dar lugar a una exclusión obligatoria.

Ni siquiera entonces la exclusión es automática. Según la section 57, solo se excluye a un licitador si el poder adjudicador considera que las circunstancias que dan lugar a la causa persisten o es probable que se repitan. La section 58 permite al poder adjudicador tener en cuenta medidas como cambios de personal o de dirección y nuevos procedimientos y formación. Debe darse al licitador una oportunidad razonable de formular alegaciones. Un grupo que puede mostrar qué cambió tras un fraude está en una posición notablemente mejor.

15. Un ejemplo

Un grupo turco de textil para el hogar está encabezado por una sociedad anónima de Estambul. Es titular de una sociedad de tejeduría y acabado en Bursa y de una sociedad comercial en Mánchester que abastece a minoristas británicos. El grupo factura 120 millones de libras y emplea a 2.000 personas, casi todas en Turquía. La sociedad de Mánchester tiene doce empleados y factura 15 millones de libras.

En 2026, el responsable de calidad de la sociedad de Bursa se enfrenta a una escasez de algodón orgánico certificado. Para conservar el pedido de un minorista británico, emite certificados según los cuales un envío de toallas se fabricó con algodón orgánico certificado, cuando gran parte era convencional. La sociedad de Mánchester reenvía los certificados sin comprobarlos y el minorista paga el sobreprecio orgánico.

El fraude tiene vínculo con el Reino Unido, porque la manifestación se hizo a un comprador en Inglaterra y la pérdida se sufrió allí. El responsable de calidad está empleado por una filial de la matriz de Estambul. Si pretendía beneficiar a la sociedad de Bursa, esta puede ser culpable conforme a la section 199(2), aunque no sea grande por sí misma. Si la intención era beneficiar a la matriz de Estambul, aunque fuera indirectamente a través de los resultados del grupo, la matriz puede ser culpable a través de la section 199(8). Si el director general de la sociedad de Bursa hubiera aprobado los certificados, la section 250 probablemente haría a la sociedad de Bursa culpable directa del fraude, sin defensa alguna de procedimientos.

En la situación actual, el grupo tiene un código de conducta en turco que no menciona las declaraciones sobre productos. No tiene evaluación de riesgos de fraude ni canal de denuncias en la planta de Bursa, y en Mánchester nadie es responsable de contrastar los certificados con los resultados de ensayo. Con esos hechos, la defensa sería difícil de acreditar. En Turquía, los mismos certificados pueden constituir fraude cualificado conforme al artículo 158(1)(h), y el tribunal penal podría multar a la sociedad de Bursa conforme al artículo 43/A. Supongamos que el grupo descubre el problema y quiere despedir al responsable de calidad. El plazo de seis días hábiles del artículo 26 de la Ley del Trabajo correrá entonces mientras decide si se autodenuncia.

Un grupo preparado estaría en otra posición. Su consejo en Estambul habría aprobado una política de prevención del fraude y recibido una evaluación de riesgos que identificara las declaraciones sobre productos ante compradores británicos como riesgo principal. En la sociedad de Bursa habría una persona designada responsable de la prevención del fraude, y los datos de certificación se comprobarían de forma independiente antes de emitir cualquier certificado. El personal de Bursa y de Mánchester habría recibido formación sobre las consecuencias jurídicas de las declaraciones falsas, y existiría un canal de denuncias confidencial en turco y en inglés. Al salir a la luz el problema, el grupo encargaría el asunto a abogados externos para poder invocar el privilegio y conservaría las pruebas. Después decidiría con rapidez, con asesoramiento en ambos países, si denunciar. Nada de ello garantiza una absolución. Pero proporciona al grupo pruebas para su defensa y material que presentar a un poder adjudicador conforme a la section 58 de la Procurement Act.

Conclusión

En conjunto, las sections 199 y 250 han cambiado la posición de un grupo turco que hace negocios con el Reino Unido. El fraude de un empleado de base en Turquía puede dar lugar a la persecución de una sociedad turca en Londres. Basta con que el empleado pretendiera beneficiar a la sociedad y que la víctima esté en el Reino Unido. La respuesta de la sociedad serán entonces los procedimientos que tenía en ese momento. Un fraude aprobado por un alto directivo puede dar lugar a una condena sin defensa alguna.

Nuestro consejo a un consejo de administración turco es empezar por el criterio de tamaño, aplicado a las cifras del grupo. El siguiente paso es una evaluación escrita de los puntos en los que el grupo trata con clientes, prestamistas y autoridades británicos. Los procedimientos deben construirse en esos puntos y no en todo el grupo, aprobarse por el consejo como parte de su función conforme al artículo 375 del Código de Comercio y ponerse a prueba. El grupo también debe decidir de antemano cómo investigaría una sospecha de fraude. Eso supone decidir qué abogados se encargarían, cómo saldrían los datos de Turquía de forma lícita, cómo se gestionarían los plazos laborales turcos y quién decidiría si denunciar ante la SFO.

Cómo puede ayudar Terziolu & Partners

Terziolu & Partners asesora a grupos turcos sobre programas de prevención del fraude para su exposición británica en el marco de nuestra práctica de regulación y cumplimiento. Esto incluye evaluaciones de riesgos, políticas de grupo e informes al consejo, diligencia debida sobre agentes y distribuidores, y los aspectos de protección de datos, laborales y societarios del derecho turco en la supervisión y las investigaciones. A través de nuestra práctica de resolución de disputas, intervenimos en investigaciones internas y en procedimientos turcos derivados de los mismos hechos.

Cuando un asunto implica a autoridades británicas o procedimientos en Londres, coordinamos los pasos turcos e ingleses entre Estambul y Londres a través de nuestra labor de coordinación jurídica transfronteriza, junto con abogados debidamente habilitados en cada jurisdicción. Contacte con nosotros para revisar la exposición de su grupo o responder a una sospecha de fraude.

Legislación, jurisprudencia y materiales seleccionados

Reino Unido

Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, section 199: el delito de no prevenir el fraude; junto con las sections 200 a 206 sobre la lista de delitos, las grandes organizaciones, las matrices, la guía y las modificaciones consiguientes.

Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, Schedule 13: los delitos de fraude base.

Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 4) Regulations 2025 (SI 2025/349): entrada en vigor el 1 de septiembre de 2025.

Crime and Policing Act 2026, section 250: responsabilidad penal de personas jurídicas y sociedades de personas cuando un alto directivo comete un delito, en vigor desde el 29 de junio de 2026.

Fraud Act 2006, section 1: fraude mediante manifestación falsa, omisión de revelar información y abuso de posición.

Criminal Justice Act 1993, section 2: jurisdicción sobre los delitos del Grupo A y el «hecho relevante», incluida la ganancia o pérdida en un fraude.

Bribery Act 2010, section 7, Bribery Act 2010, section 12 y Criminal Finances Act 2017, section 45: los delitos anteriores de no prevención y su alcance territorial.

Crime and Courts Act 2013, Schedule 17: acuerdos de enjuiciamiento diferido, incluido su contenido (párrafo 5) y la aprobación por la Crown Court (párrafo 8).

Procurement Act 2023, Schedule 6, Schedule 7, section 57 y section 58: causas de exclusión obligatorias y discrecionales, personas vinculadas, delitos extranjeros y medidas correctoras.

Tesco Supermarkets Ltd v Nattrass [1972] AC 153 (HL): la doctrina de la identificación.

SFO v Barclays plc [2018] EWHC 3055 (QB): atribución a una sociedad del conocimiento de altos ejecutivos conforme a la doctrina de la identificación.

R (KBR, Inc) v Director of the Serious Fraud Office [2021] UKSC 2: la section 2(3) de la Criminal Justice Act 1987 no faculta para obligar a una sociedad extranjera a entregar documentos conservados en el extranjero.

Director of the SFO v Eurasian Natural Resources Corporation Ltd [2018] EWCA Civ 2006: privilegio procesal sobre documentos de investigaciones internas.

Home Office, guía para organizaciones sobre el delito de no prevenir el fraude (actualizada en octubre de 2025): ámbito, territorialidad y los seis principios.

Serious Fraud Office, guía de cooperación (publicada en abril de 2025, actualizada en octubre de 2026): autodenuncia, cooperación, investigaciones internas y acuerdos de enjuiciamiento diferido.

Turquía

Constitución de la República de Turquía: artículo 38 (prohibición de entregar a ciudadanos a un Estado extranjero por un delito).

Código Penal turco n.º 5237 (TCK): artículos 8 (aplicación territorial), 20 (carácter personal de la responsabilidad penal; ausencia de sanciones penales para personas jurídicas), 60 (medidas de seguridad para personas jurídicas), 157 y 158 (fraude y fraude cualificado) y 169 (medidas de seguridad para personas jurídicas que se benefician de un fraude).

Ley de Faltas n.º 5326: artículo 17(7) (actualización anual de las multas administrativas) y artículo 43/A (multas administrativas a personas jurídicas).

Código Procesal Penal n.º 5271 (CMK): artículo 130 (registro de despachos de abogados).

Ley n.º 6706 de Cooperación Judicial Internacional en Materia Penal: artículos 1 y 2 (ámbito, tratados y el Ministerio de Justicia como autoridad central).

Código de Comercio turco n.º 6102 (TTK): artículos 375 (funciones indelegables del consejo) y 553 (responsabilidad de los consejeros).

Ley del Trabajo n.º 4857: artículos 25(II) (despido por incumplimiento de la honradez y la lealtad) y 26 (plazos de seis días hábiles y de un año).

Ley de la Abogacía n.º 1136: artículo 36 (secreto profesional).

Ley de Protección de Datos Personales n.º 6698 (KVKK): artículo 9 (transferencias al extranjero, incluidas las transferencias ocasionales del apartado 6), modificado por la Ley n.º 7499 en 2024.