Financiación por terceros en el arbitraje internacional: guía legal estratégica

El arbitraje internacional se describe a menudo como un método preferido para resolver las disputas transfronterizas.

Puede ofrecer neutralidad, confidencialidad, flexibilidad procesal, decisores especializados y laudos ejecutables. Para las empresas que operan entre jurisdicciones, el arbitraje puede ser más práctico que litigar en los tribunales del país de origen de una de las partes. Sin embargo, el arbitraje también puede ser caro: los honorarios jurídicos, los honorarios del tribunal, los costes institucionales, la prueba pericial, la producción de documentos, las traducciones, las vistas, los viajes, la ejecución y las solicitudes de garantía pueden ejercer una presión financiera significativa sobre las partes.

Una empresa puede tener una reclamación sólida pero carecer de la liquidez para perseguirla. Un negocio en dificultades puede tener derecho a daños sustanciales pero necesitar capital circulante para las operaciones. Un inversor puede tener una reclamación basada en un tratado pero afrontar el coste de un procedimiento largo. Un demandante puede no querer cargar el gasto del arbitraje en su balance. Una empresa familiar puede tener una valiosa reclamación transfronteriza pero no estar dispuesta a exponer sus activos esenciales al coste del litigio. Aquí es donde la financiación por terceros se vuelve estratégicamente importante.

La financiación por terceros permite que un financiador externo financie parte o la totalidad de las costas de una disputa, por lo general a cambio de una participación en los ingresos si la reclamación prospera. Si la reclamación fracasa, el financiador puede perder su inversión, según la estructura de la financiación. Pero la financiación no es meramente un producto financiero. En el arbitraje internacional, plantea cuestiones jurídicas, procesales, éticas y estratégicas, que afectan a la divulgación, los conflictos de interés, la garantía para las costas, el secreto profesional, la estrategia de acuerdo, el control, la confidencialidad, la ejecución y la conducción general del caso. Esta guía explica cómo los demandantes, los inversores, los consejos y las empresas deberían pensar en la financiación por terceros en el arbitraje internacional.

1. ¿Qué es la financiación por terceros?

La financiación por terceros es un acuerdo por el que una persona o entidad que no es parte de la disputa proporciona financiación para las costas del arbitraje o del litigio a cambio de un interés económico en el resultado. El financiador puede financiar los honorarios jurídicos, los honorarios del tribunal, los honorarios de la institución arbitral, los honorarios de los peritos, los costes de producción de documentos y de traducción, los costes de las vistas, los costes de ejecución, la exposición a las costas adversas, la garantía para las costas, o una cartera de varias reclamaciones.

La financiación puede ser sin recurso (non-recourse), lo que significa que el financiador cobra solo si la reclamación prospera. No obstante, las estructuras varían ampliamente: financiación de un solo caso, financiación de cartera, financiación de bufetes, monetización de reclamaciones corporativas, financiación de la ejecución de laudos, financiación del lado de la defensa en circunstancias limitadas, financiación respaldada por seguros, seguro posterior al hecho (after-the-event), acuerdos de honorarios híbridos, o la cesión o adquisición de reclamaciones. Las consecuencias jurídicas y comerciales dependen de la estructura, y un demandante no debería tratar todos los acuerdos de financiación como iguales.

2. Por qué importa la financiación por terceros en el arbitraje

La financiación por terceros importa porque el riesgo del arbitraje es económico además de jurídico. Una parte puede tener una reclamación sólida y, aun así, decidir no proceder por el coste, la demora y la incertidumbre. La financiación puede ayudar a un demandante a perseguir una reclamación con fundamento, preservar el flujo de caja, reducir el gasto jurídico, desplazar parte del riesgo, monetizar una reclamación, reforzar el poder de negociación, obtener acceso a abogados y peritos especializados, continuar las operaciones mientras persigue el cobro, ejecutar un laudo tras un arbitraje exitoso y evitar abandonar una reclamación bajo presión financiera.

Para las empresas, la financiación puede convertir una reclamación jurídica de un centro de coste en un activo recuperable. Para los inversores, puede apoyar reclamaciones basadas en tratados o arbitrajes comerciales derivados de infraestructura, energía, construcción, minería, telecomunicaciones, finanzas, tecnología o inversiones transfronterizas. Para los negocios en dificultades, puede preservar reclamaciones que de otro modo se perderían. Para los demandados, la existencia de financiación puede señalar que la reclamación ha sido revisada por un financiador profesional y considerada comercialmente viable. Por ello, la financiación cambia el panorama estratégico del arbitraje.

3. La financiación no es adecuada para todo caso

No toda reclamación es financiable. Los financiadores suelen examinar el fondo jurídico, la cuantía y la recuperabilidad; la capacidad de pago del demandado y la ejecutabilidad de cualquier laudo; la jurisdicción y la ley aplicable; la calidad de la prueba y la credibilidad de los testigos; la complejidad procesal, la duración y el presupuesto; el riesgo de costas adversas y las perspectivas de acuerdo; el equipo jurídico; y cualquier riesgo político, regulatorio o reputacional.

Una reclamación puede ser jurídicamente sólida pero comercialmente poco atractiva si el demandado no tiene bienes. Puede tener daños cuantiosos pero prueba débil, o un buen fondo pero serios obstáculos jurisdiccionales. Puede ser difícil de financiar si el cobro esperado es demasiado bajo en comparación con el coste del procedimiento. La pregunta del financiador no es solo si el demandante puede ganar; es si el demandante puede cobrar lo suficiente, dentro de un perfil de riesgo razonable, para justificar la inversión en financiación.

4. La economía de las reclamaciones financiadas

La financiación cambia la economía del arbitraje. El financiador suele esperar un rendimiento si la reclamación prospera, estructurado como un porcentaje de los daños cobrados, un múltiplo del capital desplegado, el mayor de un porcentaje o un múltiplo, rendimientos escalonados según el momento del acuerdo, un rendimiento a nivel de cartera, una cascada de pagos prioritarios, o un honorario por éxito vinculado al cobro.

El demandante debería comprender las consecuencias económicas antes de firmar. ¿Cuánta financiación está disponible y qué costes se cubren? ¿Qué rendimiento recibe el financiador, y se paga al financiador antes que al demandante? ¿Qué ocurre si el caso se resuelve pronto o el cobro es solo parcial? ¿Se incluyen la ejecución y las costas adversas, y se cubre la garantía para las costas? ¿Qué ocurre si el presupuesto aumenta, puede cualquiera de las partes terminar, y cómo se reparte el cobro? Un acuerdo de financiación debería modelizarse frente a distintos resultados: un demandante debería saber qué recibe realmente si el caso se resuelve por el 30 %, el 50 %, el 75 % o el 100 % de la reclamación. La oferta de financiación de titular puede parecer atractiva hasta que se pone a prueba la cascada.

5. La financiación por terceros en el arbitraje de inversión

La financiación por terceros es especialmente importante en el arbitraje de inversión, que puede implicar reclamaciones de inversores extranjeros contra Estados al amparo de tratados de inversión, acuerdos de inversión o leyes de inversión nacionales. Estos casos pueden ser complejos, largos y caros. La financiación puede ser relevante cuando una medida estatal ha dañado una inversión, cuando un inversor carece de liquidez tras una expropiación o una actuación regulatoria, cuando una empresa ha perdido una concesión, licencia o proyecto, cuando una disputa políticamente sensible requiere financiación a largo plazo, cuando el inversor quiere desplazar el riesgo lejos del negocio operativo, cuando la ejecución frente a bienes estatales puede ser difícil, o cuando la reclamación requiere abogados y peritos especializados en tratados.

La financiación del arbitraje de inversión plantea cuestiones particulares: la transparencia, el interés público, los Estados demandados, la interpretación de tratados, la garantía para las costas, la influencia del financiador, la autoridad para transigir, la legitimidad del arreglo de disputas inversor-Estado, y el cobro y la ejecución frente a bienes soberanos. Como el arbitraje de inversión a menudo implica dimensiones de derecho público, la financiación por terceros es más controvertida que en las disputas puramente comerciales, y la estructura de la financiación debería considerarse con cuidado.

La dinámica de la financiación en las disputas inversor-Estado, cómo evalúan los financiadores el riesgo, estructuran sus rendimientos y navegan las dimensiones de derecho público de estos casos, se examina en profundidad por nuestro socio el Dr. Can Eken en su monografía Third-Party Funding in Investment Arbitration: A New Player in the System (Springer, 2024), que se apoya en una investigación empírica con los financiadores activos en este mercado.

6. La financiación por terceros en el arbitraje comercial

La financiación del arbitraje comercial puede surgir en disputas relativas a construcción, energía, infraestructura y transporte marítimo; finanzas, disputas entre socios, empresas conjuntas y M&A; contratos de suministro, distribución y tecnología; propiedad intelectual, desarrollo inmobiliario y proyectos hoteleros; seguros y reaseguros; y comercio internacional.

En el arbitraje comercial, la financiación a menudo viene impulsada por consideraciones de negocio. Una empresa puede preferir preservar el flujo de caja en lugar de gastar mucho en honorarios jurídicos; un demandante puede desear desplazar parte del riesgo; un negocio de capital riesgo o de propiedad familiar puede querer perseguir reclamaciones sin perturbar las operaciones; una empresa en dificultades puede necesitar financiación para desbloquear una reclamación que podría restaurar valor. La financiación del arbitraje comercial puede ser menos políticamente sensible que el arbitraje de inversión, pero igualmente plantea cuestiones jurídicas y procesales, incluidas la divulgación, los conflictos, la confidencialidad, las costas, el secreto profesional, el control del acuerdo y la ejecución.

7. Divulgación de la financiación por terceros

Una de las cuestiones más importantes es si la existencia de financiación debe divulgarse. La divulgación puede requerirse por las reglas de arbitraje, una orden del tribunal, la ley nacional, las normas profesionales, las directrices institucionales, los requisitos de comprobación de conflictos, las disposiciones del tratado, las consideraciones de gestión del caso o el acuerdo de las partes. Puede referirse a la existencia de la financiación, la identidad del financiador, las condiciones del acuerdo de financiación, el grado de control del financiador, los acuerdos de costas adversas y de seguro, o la relación societaria entre el financiador y la parte.

Muchos sistemas de arbitraje reconocen cada vez más la importancia de divulgar al menos la existencia y la identidad de un financiador, para que los árbitros puedan comprobar la existencia de conflictos. La divulgación del propio acuerdo de financiación es más controvertida: una parte puede resistirse a una divulgación amplia porque el acuerdo contiene información confidencial, protegida por el secreto profesional, comercialmente sensible o estratégica. El enfoque correcto depende de las reglas aplicables, el tribunal, la sede, la institución y las circunstancias del caso.

8. Conflictos de interés

La financiación por terceros puede crear conflictos de interés. Pueden surgir conflictos potenciales cuando un árbitro tiene una relación con el financiador, cuando el abogado ha actuado a favor o en contra del financiador, cuando el financiador ha financiado otros casos en los que interviene el árbitro, cuando el financiador tiene relaciones de negocio con miembros del tribunal, cuando el financiador está conectado con una parte, un testigo, un perito o un bufete, cuando el financiador tiene un interés en procedimientos relacionados, o cuando el financiador forma parte de un grupo financiero mayor con conexiones relevantes.

Las cuestiones de conflicto pueden amenazar la integridad del arbitraje. Si no se identifican pronto, pueden dar lugar a recusaciones de árbitros, demoras procesales o problemas de ejecución del laudo. Por esta razón, la divulgación temprana de la identidad del financiador puede ser necesaria para proteger el proceso. El propósito de la divulgación no es perjudicar a la parte financiada; es asegurar que el tribunal esté debidamente constituido y sea independiente.

9. Garantía para las costas

La garantía para las costas es una de las cuestiones procesales más importantes en el arbitraje financiado. Un demandado puede argumentar que a un demandante financiado debería exigírsele que aporte garantía para las costas del demandado porque el demandante puede ser incapaz de pagar una condena en costas, sosteniendo que el demandante es insolvente, que la financiación muestra una incapacidad de pago, que el financiador puede no ser responsable de las costas adversas, que el demandante usa la financiación para perseguir un arbitraje sin riesgo, y que la ejecución de una condena en costas puede ser difícil.

El demandante puede responder que la financiación no prueba la insolvencia, que la reclamación tiene fundamento, que la garantía impediría injustamente el acceso a la justicia, que el demandado causó la situación financiera del demandante, que existe un seguro de costas adversas o que el acuerdo de financiación cubre las costas adversas, y que la garantía sería opresiva o táctica. Los tribunales deben equilibrar la equidad. La financiación por sí sola no debería justificar automáticamente la garantía para las costas, pero puede volverse relevante cuando hay prueba de que el demandante no puede satisfacer una condena en costas. Los demandantes que consideran la financiación deberían evaluar el riesgo de garantía para las costas desde el principio; un paquete de financiación que ignore las costas adversas puede ser incompleto.

10. Costas adversas y seguro posterior al hecho

En muchos arbitrajes, puede condenarse a la parte vencida a pagar parte de las costas de la parte vencedora, por lo que un demandante financiado debería considerar quién soporta el riesgo de costas adversas. Las opciones pueden incluir la cobertura del financiador, el seguro posterior al hecho, la autofinanciación del demandante, una facilidad separada de costas adversas, un acuerdo de garantía, o una estructura híbrida.

El acuerdo de financiación debería indicar con claridad si las costas adversas están cubiertas y el límite de la cobertura, si la garantía para las costas está cubierta, quién decide si contratar un seguro y quién paga la prima, si la cobertura continúa durante la ejecución, y qué ocurre si el financiador termina. Las costas adversas no deberían ser una ocurrencia de última hora: un demandante puede obtener acceso a la financiación y seguir expuesto a un riesgo de costas serio si el arbitraje fracasa.

11. Control del arbitraje

La financiación por terceros plantea una pregunta fundamental: ¿quién controla el caso? El demandante es la parte del arbitraje; el financiador lo financia; el abogado debe deberes al cliente; y el financiador tiene un interés económico en el resultado. Esto crea una tensión potencial. El acuerdo de financiación debería abordar quién instruye al abogado, quién decide la estrategia y quién aprueba el acuerdo; si el financiador puede ser consultado o puede vetar decisiones; si el financiador puede terminar la financiación; qué ocurre si el demandante y el financiador discrepan; si se requiere asesoramiento independiente; y cómo se resuelven las disputas entre el demandante y el financiador.

Un acuerdo de financiación bien estructurado preserva el control del demandante al tiempo que permite al financiador supervisar su inversión. Un control excesivo del financiador puede crear riesgos éticos, procesales y de ejecución. La parte financiada no debería convertirse en un demandante nominal controlado por quien no es parte.

12. Estrategia de acuerdo

La financiación puede afectar al acuerdo. Un demandante puede estar más dispuesto a perseguir el procedimiento porque la carga financiera se reduce; un demandado puede ver la financiación como prueba de que la reclamación ha pasado una revisión independiente; un financiador puede preferir el acuerdo si el rendimiento es atractivo; y un demandante puede preferir continuar si quiere una vindicación plena o un poder de negociación estratégico.

Las disposiciones de acuerdo deberían ser claras. El acuerdo de financiación debería abordar quién puede aceptar o rechazar un acuerdo, si se necesita el consentimiento del financiador, qué ocurre si el demandante rechaza una oferta razonable, cómo se reparten los ingresos del acuerdo, si un acuerdo temprano cambia el rendimiento del financiador, si se financian los costes de la mediación, y cómo se manejan las negociaciones confidenciales. La financiación puede favorecer el acuerdo al dar al demandante estabilidad financiera, pero también puede complicarlo si los incentivos económicos no están alineados. Las partes deberían discutir la mecánica del acuerdo antes de que la disputa alcance una fase crítica.

13. Confidencialidad y secreto profesional

La financiación requiere compartir información del caso con el financiador: escritos, pruebas, declaraciones de testigos, informes periciales, análisis jurídico, evaluación de la cuantía, estrategia procesal, conversaciones de acuerdo, opiniones del abogado y análisis de ejecución. Esto plantea preocupaciones de confidencialidad y de secreto profesional.

El demandante debería considerar si compartir documentos supone una renuncia al secreto profesional, si las obligaciones de confidencialidad vinculan al financiador, si el financiador puede compartir documentos con asesores, si intervienen consultores o aseguradores, si los documentos están protegidos entre jurisdicciones, si la sede del arbitraje afecta al secreto profesional, y si se aplican protecciones de interés común o similares. El acuerdo de financiación debería imponer obligaciones estrictas de confidencialidad, y el abogado debería gestionar qué se comparte, cómo se comparte y con quién. Una divulgación descuidada a un financiador puede crear disputas posteriores sobre el secreto profesional.

14. Due diligence del financiador

Antes de acordar financiar un caso, un financiador realizará una due diligence, revisando la jurisdicción, el fondo, la cuantía, la prueba y los testigos; el equipo jurídico y el probable tribunal; la ley aplicable, el calendario procesal y el presupuesto; la solvencia del demandado, la ubicación de los bienes y el riesgo de ejecución; las perspectivas de acuerdo; y la exposición política, reputacional y de costas adversas.

El demandante debería prepararse con cuidado, porque una solicitud de financiación débil puede fracasar aunque la propia reclamación sea sólida. Las solicitudes más fuertes suelen incluir una teoría del caso clara, prueba documental, un análisis de daños realista, un presupuesto, una hoja de ruta procesal, una estrategia de ejecución, una explicación franca de los riesgos, un equipo jurídico experimentado y una evaluación realista del acuerdo. Los financiadores no solo financian reclamaciones; las evalúan comercialmente.

15. Valoración de la reclamación y cuantía

La financiación depende en gran medida de la cuantía: el valor de la reclamación debe justificar el coste y el riesgo. Un financiador examinará la metodología de daños, la prueba pericial, la causalidad, la mitigación, los intereses, la recuperabilidad jurídica, los factores de descuento, el valor de acuerdo y el valor de ejecución. Un demandante puede creer que la reclamación vale una gran suma, pero los financiadores suelen aplicar un descuento por el riesgo: por la incertidumbre jurisdiccional, la prueba débil, los daños especulativos, la dificultad de ejecución, el riesgo político, la demora procesal, la insolvencia del demandado, la exposición a costas adversas y la presión del acuerdo.

Los equipos jurídicos deberían preparar pronto el análisis de la cuantía. Sin una cuantía creíble, la financiación es difícil de obtener.

16. Riesgo de ejecución

Una reclamación financiada solo es valiosa si el laudo puede ejecutarse. Los financiadores preguntarán dónde están los bienes del demandado, si son de titularidad estatal o soberana, si son inmunes a la ejecución, si se sitúan en jurisdicciones del Convenio de Nueva York, si hay procedimientos paralelos, si el demandado es solvente, si los bienes podrían trasladarse, si hay riesgos de medidas cautelares, si el acuerdo es más realista que la ejecución, y si los costes de ejecución están financiados.

La estrategia de ejecución debería empezar antes del arbitraje. Para los demandantes esto es crítico: ganar un laudo sin cobro puede no justificar el coste del arbitraje. Para los financiadores, el riesgo de ejecución puede determinar si el caso se financia en absoluto.

17. Términos clave del acuerdo de financiación

Un acuerdo de financiación por terceros debería revisarse con cuidado. Entre los términos clave pueden estar el importe de la financiación y los costes cubiertos; la financiación escalonada, el rendimiento del financiador y la cascada de pagos; las obligaciones del demandante y del abogado, los deberes de información y la aprobación del presupuesto; las disposiciones de terminación, acuerdo y control; la protección de la confidencialidad y del secreto profesional; las costas adversas, la garantía para las costas y el seguro; los conflictos; la ley aplicable y la resolución de disputas; la cesión y la financiación de la ejecución; la responsabilidad del financiador; y el cumplimiento de la prevención del blanqueo de capitales y de las sanciones.

El acuerdo de financiación no es un documento accesorio: puede influir en todo el arbitraje, y un demandante debería obtener asesoramiento independiente antes de firmar.

18. Terminación de la financiación

Los acuerdos de financiación a menudo permiten la terminación en ciertas circunstancias: un deterioro del fondo, nueva prueba adversa, costes aumentados, un cambio de ley, la pérdida de una base jurisdiccional, el incumplimiento del demandante, la retirada del abogado, la negativa a transigir, el fraude o la declaración falsa, el riesgo de sanciones, la exposición a costas adversas, o que la ejecución se vuelva poco realista.

La terminación puede crear problemas serios. Si el financiador termina durante el procedimiento, el demandante puede ser incapaz de continuar. El acuerdo debería abordar cuándo se permite la terminación, el periodo de preaviso, las consecuencias de la terminación, los derechos devengados del financiador, la confidencialidad continuada, la responsabilidad por los costes impagados, el impacto en las costas adversas, si se permite una financiación de sustitución, y si los honorarios del abogado siguen financiados. Un demandante debería comprender el riesgo de una retirada de la financiación a mitad del caso.

19. Financiación de cartera

La financiación de cartera implica financiar varias reclamaciones o asuntos juntos. Puede ser atractiva para las empresas con varias disputas, para los bufetes que gestionan múltiples reclamaciones de arbitraje, para las masas concursales, para los grupos con reclamaciones recurrentes, para los inversores con disputas de tratados o comerciales relacionadas, y para los negocios que buscan monetizar activos jurídicos. La financiación de cartera puede reducir el riesgo para los financiadores porque los rendimientos se reparten entre varios casos, y puede dar a los demandantes una financiación más flexible.

No obstante, plantea cuestiones adicionales: la selección de casos, la garantía cruzada (cross-collateralisation), la prioridad de los rendimientos, el acuerdo de las reclamaciones individuales, los conflictos entre reclamaciones, las obligaciones de información, el reparto de costes, la confidencialidad entre asuntos y la mecánica de terminación. La financiación de cartera debería estructurarse con cuidado, y el demandante debería saber cómo una reclamación afecta a otra.

20. Financiación e insolvencia

La financiación por terceros puede ser importante en situaciones de insolvencia o de dificultad, donde una empresa o una masa concursal puede tener reclamaciones valiosas pero carecer de recursos para perseguirlas. La financiación puede permitir el cobro para los acreedores, la persecución de reclamaciones por transferencias fraudulentas, la ejecución de reclamaciones comerciales, el arbitraje contra contrapartes solventes, la monetización de activos jurídicos y la continuación de los procedimientos tras la insolvencia.

No obstante, la insolvencia introduce cuestiones adicionales: la autoridad del administrador concursal, la aprobación judicial cuando se requiera, los intereses de los acreedores, la cesión de reclamaciones, la prioridad del rendimiento del financiador, la cascada de reparto, los conflictos de interés, las costas adversas, la aprobación del acuerdo y la transparencia. La financiación en los casos en dificultades debería revisarse con un abogado concursal, y la estructura no debería socavar los intereses de los acreedores ni crear impugnaciones posteriores.

21. Cuestiones éticas y de responsabilidad profesional

La financiación por terceros plantea cuestiones éticas, incluidas la independencia del abogado, el control del financiador, los conflictos de interés, la confidencialidad, el secreto profesional, la presión del acuerdo, la divulgación, el acceso a la justicia, el abuso del proceso, las reclamaciones frívolas, las costas adversas y la transparencia. Los abogados deben permanecer leales al cliente. El financiador puede ser comercialmente importante, pero los deberes profesionales del abogado se deben al cliente, no al financiador, salvo que exista una relación profesional separada. La estructura de la financiación no debería comprometer la independencia jurídica, y un acuerdo bien redactado debería respetar la responsabilidad profesional.

22. La financiación y las reglas de arbitraje

Las reglas de arbitraje abordan cada vez más la financiación por terceros de alguna forma. Según la institución y las reglas aplicables, las partes pueden tener que divulgar la existencia de la financiación, la identidad del financiador, la información relevante para los conflictos, y los acuerdos de financiación cuando sean relevantes para las solicitudes de costas o de garantía. El alcance de la divulgación varía, por lo que las partes deberían revisar las reglas institucionales, las órdenes del tribunal, la ley de la sede, el tratado aplicable, las directrices procesales, la orientación profesional y la jurisprudencia.

La estrategia de financiación debería alinearse con las obligaciones procesales. No divulgar cuando se requiere puede dañar la credibilidad y crear complicaciones procesales.

23. Estrategia del demandado en las reclamaciones financiadas

Los demandados también deberían comprender la financiación por terceros. Cuando un demandante está financiado, un demandado puede considerar solicitudes de divulgación, comprobaciones de conflictos, garantía para las costas y solicitudes de protección frente a costas adversas, junto con la estrategia de acuerdo y el análisis de ejecución; puede ponderar si la financiación señala la fuerza de la reclamación, si el demandante está en dificultades financieras, si la identidad del financiador afecta a la estrategia y si el acuerdo de financiación debería divulgarse.

Una reclamación financiada no es automáticamente más fuerte o más débil, pero la financiación cambia el entorno procesal. Los demandados no deberían sobrerreaccionar; deberían identificar cómo afecta la financiación a las costas, el riesgo, el acuerdo y la ejecución.

24. Relevancia para Turquía, el norte de Chipre y lo transfronterizo

La financiación por terceros puede ser relevante para las partes conectadas con Turquía y el norte de Chipre en varios contextos: empresas turcas en arbitraje comercial internacional; inversores extranjeros con disputas de inversión relacionadas con Turquía; disputas de construcción e infraestructura; disputas de energía y de concesiones; disputas entre socios que implican estructuras transfronterizas; disputas marítimas y comerciales; la ejecución de laudos extranjeros; empresas en dificultades con reclamaciones valiosas; disputas de inversión o de propiedad relacionadas con el norte de Chipre; asuntos de arbitraje Turquía–Reino Unido; y empresas que buscan preservar la liquidez mientras persiguen reclamaciones.

Las partes conectadas con Turquía o el norte de Chipre pueden arbitrar en Londres, París, Ginebra, Singapur, Dubái u otras sedes, mientras necesitan la ejecución o la prueba en otra jurisdicción. Por ello, la financiación debería evaluarse dentro de una estrategia de disputas más amplia. Esa estrategia más amplia incluye cada vez más cómo se conducirá realmente el procedimiento, vistas virtuales, prueba digital y gestión del caso asistida por tecnología, abordado en nuestra guía sobre resolución de disputas en línea y arbitraje digital. Un demandante debería preguntarse dónde tendrá lugar el arbitraje, dónde están los bienes, qué ley rige la disputa, qué institución se aplica, si puede obtenerse protección provisional, si la ejecución será práctica, si la financiación afecta al poder de negociación para el acuerdo, y si hay preocupaciones reputacionales o regulatorias. La financiación no es un sustituto de la estrategia; es una parte de la estrategia.

25. Una lista de comprobación práctica para demandantes

Un demandante que considera la financiación por terceros debería preguntarse si la reclamación es jurídicamente sólida y si su valor es lo bastante grande; si la cuantía está respaldada por pruebas; si el demandado puede pagar y dónde están los bienes; si la ejecución es realista; cuánto costará el arbitraje y si se requieren honorarios periciales; si la exposición a costas adversas está cubierta y si es probable la garantía para las costas; si la financiación debe divulgarse y si podrían surgir conflictos; qué información debe compartirse con los financiadores y si el secreto profesional está protegido; quién controla el acuerdo y si el financiador puede terminar; cuál es el rendimiento del financiador y qué recibe el demandante en distintos resultados; si se necesitan comprobaciones de sanciones o de prevención del blanqueo de capitales; y si se ha obtenido asesoramiento jurídico independiente.

26. Una lista de comprobación práctica para empresas y consejos

Una empresa o un consejo que revisa la financiación del arbitraje debería considerar si la financiación preserva la liquidez de la empresa y mejora la gestión del riesgo, y si el acuerdo afecta a la información financiera; si la reclamación es un activo estratégico y si el consejo ha revisado el fondo y la ejecución; si los administradores están cómodos con las condiciones de la financiación y si la empresa cede demasiado del cobro; si las decisiones de acuerdo están protegidas y si la confidencialidad y el secreto profesional se preservan; si se consideran las cuestiones reputacionales y si intervienen aseguradores; si el equipo jurídico tiene experiencia en arbitraje financiado; si el acuerdo de financiación está alineado con la gobernanza corporativa; si el acuerdo requiere la aprobación de los socios; y si los conflictos y las obligaciones de divulgación se gestionan.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la financiación por terceros en el arbitraje internacional?

La financiación por terceros es un acuerdo por el que un financiador externo financia las costas del arbitraje a cambio de un rendimiento económico si la reclamación prospera.

¿Se usa la financiación por terceros en el arbitraje de inversión?

Sí. La financiación por terceros se debate a menudo en el arbitraje de inversión porque los casos inversor-Estado pueden ser caros y largos, y la financiación puede plantear cuestiones de transparencia, éticas y procesales.

¿Debe divulgarse la financiación por terceros?

La divulgación depende de las reglas de arbitraje aplicables, las órdenes del tribunal, la ley de la sede, las disposiciones del tratado y las circunstancias. Como mínimo, la divulgación de la identidad del financiador puede ser relevante para las comprobaciones de conflictos de los árbitros.

¿Puede ordenarse a un demandante financiado que aporte garantía para las costas?

Sí, en algunos casos. La financiación puede ser relevante para las solicitudes de garantía para las costas, sobre todo si el demandante parece incapaz de satisfacer una condena en costas. No obstante, la financiación por sí sola no debería justificar automáticamente la garantía.

¿Quién controla un arbitraje financiado?

El demandante debería conservar el control del arbitraje. El acuerdo de financiación puede permitir la supervisión y la consulta del financiador, pero un control excesivo del financiador puede crear preocupaciones éticas y procesales.

¿Es la financiación por terceros adecuada para toda reclamación?

No. Los financiadores suelen buscar un fondo sólido, una cuantía creíble, un cobro realista, laudos ejecutables y una relación favorable entre coste y valor.

¿Puede la financiación favorecer el acuerdo?

Sí. La financiación puede reforzar la capacidad de negociación del demandante, pero el control del acuerdo y las consecuencias económicas deberían abordarse con claridad en el acuerdo de financiación.

¿Por qué es importante la ejecución para los financiadores?

Los financiadores invierten en el cobro, no solo en los laudos. Si el demandado no tiene bienes o la ejecución es poco realista, la financiación puede ser difícil aunque la reclamación tenga un fondo sólido.

Conclusión

La financiación por terceros ha cambiado el arbitraje internacional. Puede dar a los demandantes acceso a la justicia, preservar la liquidez, apoyar reclamaciones con fundamento y permitir a las empresas tratar las disputas como activos estratégicos en lugar de costes puros. Pero la financiación también introduce complejidad: la divulgación, los conflictos, la garantía para las costas, el control del financiador, el secreto profesional, la confidencialidad, el acuerdo, las costas adversas, la ejecución y la ética deben considerarse todos con cuidado.

Para los demandantes, la pregunta no es simplemente si la financiación está disponible; la mejor pregunta es si la financiación mejora la estrategia de la disputa sin comprometer el control, la confidencialidad o el cobro. Para los demandados, la existencia de financiación debería analizarse con calma y estrategia. Para los consejos y los inversores, el arbitraje financiado debería evaluarse como cualquier decisión financiera y jurídica seria: mirando el fondo, el riesgo, el coste, los plazos, el cobro y la gobernanza. La financiación por terceros no es un atajo; usada adecuadamente, es una herramienta sofisticada para gestionar la economía de las disputas internacionales de alto valor.

Cómo puede ayudar Terziolu & Partners

Terziolu & Partners asesora a empresas, inversores, emprendedores y clientes privados en asuntos jurídicos de Turquía, el norte de Chipre y transfronterizos. Nuestro trabajo puede incluir el asesoramiento sobre la estrategia de arbitraje internacional; la evaluación de la idoneidad de la financiación por terceros; la preparación de reclamaciones para su revisión por el financiador; la coordinación con abogados de arbitraje y especialistas en financiación; la revisión de acuerdos de financiación; el asesoramiento sobre divulgación, conflictos y garantía para las costas; la evaluación de la estrategia de ejecución y de recuperación de activos; el apoyo a la planificación del acuerdo y del cobro; el asesoramiento a clientes turcos, del norte de Chipre y transfronterizos sobre cuestiones de arbitraje financiado; y la coordinación con abogados, peritos y financiadores cuando proceda.

Comente la financiación por terceros, la estrategia de arbitraje o una disputa transfronteriza con nuestro equipo.

Este artículo se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. La financiación por terceros y la estrategia de arbitraje pueden variar significativamente según la ley aplicable, las reglas de arbitraje, la sede, la institución, el tratado, el acuerdo de financiación, las partes, la prueba, la cuantía, las costas, los conflictos, las obligaciones de divulgación, el riesgo de garantía para las costas, las perspectivas de ejecución y el momento del asesoramiento. No debería adoptarse ni omitirse ninguna acción basándose únicamente en esta publicación. Debería obtenerse asesoramiento jurídico, financiero, regulatorio y de arbitraje específico antes de celebrar un acuerdo de financiación, iniciar un arbitraje, divulgar acuerdos de financiación, solicitar garantía para las costas, transigir una reclamación financiada o ejecutar un laudo. La presentación de una consulta a Terziolu & Partners no crea una relación abogado-cliente, salvo que el encargo se acepte formalmente por escrito y hasta ese momento.