Responsabilidad por productos y seguridad de los productos en Türkiye: de la entrada en el mercado a la recuperación y las reclamaciones

Un incidente grave con un producto rara vez se queda en un solo problema jurídico.

Un electrodoméstico puede parecer al principio un simple asunto de garantía. Si el mismo defecto provoca un incendio, el fabricante o el importador puede enfrentarse a una reclamación de indemnización. Si el defecto se detecta en toda una serie de producción identificable, quizá haya que detener las ventas y retirar o recuperar los productos ya en circulación. Si el producto se vende en línea, el propio anuncio puede ser objeto de una actuación de la autoridad.

Todas esas cuestiones nacen del mismo producto, pero se rigen por preguntas jurídicas distintas.

Para una empresa que introduce productos en el mercado turco, conviene separar al menos cuatro cuestiones:

• si el producto puede introducirse y mantenerse lícitamente en el mercado;
• qué debe hacerse si se descubre una no conformidad o un riesgo para la seguridad;
• quién debe indemnizar los daños personales o materiales ya causados; y
• qué derechos contractuales o de consumo existen con independencia del régimen regulatorio.

El marco principal es la Ley n.º 7223 sobre Seguridad de los Productos y Reglamentos Técnicos, en vigor desde el 12 de marzo de 2021. Se complementa con reglamentos de desarrollo y, sobre todo, con la normativa técnica aplicable a cada producto. La página actual del Ministerio de Comercio sobre el marco de seguridad de los productos identifica el Reglamento General de Seguridad de los Productos, el Reglamento Marco de Vigilancia e Inspección del Mercado, las normas del marcado CE y el reglamento específico de seguridad de los productos en las ventas a distancia entre los principales instrumentos de desarrollo de la Ley n.º 7223.

La capa sectorial no debe subestimarse. Las máquinas, el material eléctrico, los juguetes, los cosméticos, los productos sanitarios, los vehículos de motor y muchas otras categorías están sujetas a sus propias normas y, en algunos casos, a autoridades competentes distintas.

La Ley n.º 7223 aporta la arquitectura.

El análisis jurídico, sin embargo, debe empezar por el producto concreto.

1. Conformidad, seguridad e indemnización son cuestiones distintas

El artículo 4 de la Ley n.º 7223 exige que los productos se ajusten al reglamento técnico aplicable. Un producto no conforme no puede introducirse ni mantenerse en el mercado hasta que se subsane la no conformidad.

El artículo 5 añade el requisito autónomo de que el producto sea seguro. Cuando el reglamento técnico aplicable contiene requisitos de salud y seguridad, su cumplimiento genera una presunción de seguridad salvo prueba en contrario.

El Reglamento General de Seguridad de los Productos cumple una función residual. Se aplica cuando no existe un reglamento técnico aplicable, o cuando este no regula la salud y la seguridad o el riesgo o la categoría de riesgo de que se trate. No debe tratarse, por tanto, como si sustituyera a las normas técnicas sectoriales.

La indemnización del daño es una tercera cuestión.

El artículo 6 dispone que, cuando un producto cause lesiones a una persona o daños a bienes, el fabricante o el importador debe indemnizar el daño si concurren los requisitos legales. El perjudicado debe probar el daño y el nexo causal entre la no conformidad del producto y ese daño. Si son responsables varios fabricantes o importadores, la responsabilidad es solidaria.

La distinción importa.

Un producto puede ser contractualmente defectuoso sin generar una reclamación por lesiones personales.

Un producto puede provocar una actuación de la autoridad antes de que nadie haya sufrido un daño indemnizable.

Y el hecho de que un consumidor haya obtenido un producto de sustitución no responde a la pregunta de si existe una reclamación separada por incendio, lesiones o daños materiales.

El mismo incidente puede, por tanto, activar varios regímenes sin que estos se vuelvan intercambiables.

2. El marcado CE no otorga inmunidad regulatoria

Las empresas a veces conceden demasiado peso a un marcado o a un certificado de conformidad.

La Ley n.º 7223 excluye expresamente esa conclusión.

Cuando las normas técnicas aplicables exigen una evaluación de la conformidad, los procedimientos deben completarse antes de introducir el producto en el mercado. Los marcados y documentos de conformidad exigidos deben ser auténticos y utilizarse correctamente.

Pero el artículo 15(6) es igualmente claro: la existencia de documentos o marcados que indiquen la conformidad no impide a la autoridad competente inspeccionar el producto, adoptar las medidas legales frente a un producto no conforme ni imponer la sanción aplicable.

El mismo principio aparece en el Reglamento General de Seguridad de los Productos. Ni siquiera la conformidad con las normas pertinentes impide la actuación de la autoridad cuando existen motivos suficientes para concluir que el producto es peligroso.

Esto tiene importancia práctica.

Un producto con marcado CE puede presentar igualmente un defecto causado por variaciones de producción, un cambio de componente, un montaje incorrecto, advertencias insuficientes u otro problema no detectado en la evaluación de la conformidad inicial.

La documentación de conformidad es, por tanto, una prueba esencial.

No es una defensa frente a cualquier problema de seguridad posterior.

3. La indemnización por productos del artículo 6 tiene su propio criterio

El artículo 6 es la disposición central en materia de indemnización de la Ley n.º 7223.

El fabricante o el importador puede responder cuando un producto causa lesiones o daños materiales. El perjudicado debe probar tanto el daño como la relación causal entre la no conformidad del producto y el daño. Los daños materiales y morales se cuantifican conforme al Código de Obligaciones turco. Se mantienen las demás bases legales de responsabilidad.

La disposición contiene además dos reglas de gran importancia comercial.

En primer lugar, las cláusulas contractuales que pretenden eliminar o reducir la indemnización legal del fabricante o del importador son ineficaces en la medida prevista por el artículo 6.

En segundo lugar, el plazo de prescripción es de tres años desde que el perjudicado conoce el daño y al responsable de indemnizarlo y, en todo caso, de diez años desde la fecha en que se produjo el daño.

La ley no impone, sin embargo, responsabilidad al margen de los hechos.

El artículo 21 identifica circunstancias que pueden liberar de responsabilidad al fabricante o al importador. Entre ellas, la prueba de que el producto no fue introducido en el mercado por ese operador, de que la no conformidad se debió a la intervención del distribuidor, de un tercero o del usuario, o de que la no conformidad derivó de la fabricación conforme a normas técnicas obligatorias. Si se acredita alguno de esos motivos legales, desaparece la responsabilidad indemnizatoria del artículo 6.

El tratamiento de la culpa de terceros y del perjudicado es también inusualmente preciso.

Si el daño se debe tanto a la no conformidad del producto como a la acción u omisión de un tercero, la responsabilidad del fabricante o del importador conforme al artículo 6 no se reduce por ese motivo, aunque se conserva el derecho de repetición contra el tercero.

En cambio, si la culpa del propio perjudicado, o de una persona de la que este responde, contribuyó al daño junto con la no conformidad del producto, la indemnización puede reducirse o suprimirse según las circunstancias.

Esa distinción merece atención en las reclamaciones graves. Afecta tanto a la estrategia de defensa como a las posteriores acciones de contribución o repetición.

4. El papel legal importa más que la denominación comercial

La Ley n.º 7223 atribuye obligaciones distintas a fabricantes, representantes autorizados, importadores y distribuidores.

Esas calificaciones deben determinarse según lo que la empresa hace realmente, y no según cómo la denomine el contrato de suministro.

El fabricante es responsable de introducir en el mercado productos conformes, elaborar el expediente técnico cuando se exija, completar la evaluación de la conformidad, colocar los marcados exigidos, mantener la conformidad en la producción en serie y conservar los registros pertinentes. Salvo que se prevea otro plazo, la documentación de conformidad y el expediente técnico deben conservarse, por regla general, al menos diez años desde la introducción en el mercado. Los fabricantes deben además vigilar los productos en circulación de forma proporcional al riesgo y llevar un registro de reclamaciones, productos no conformes y recuperaciones.

El importador tiene responsabilidades propias. Antes de introducir un producto en el mercado turco, debe verificar, entre otros aspectos, los marcados de conformidad exigidos, la documentación que acompaña al producto y determinadas obligaciones del fabricante. El importador que sabe, o debería saber, que el producto no es conforme no puede seguir adelante y dejar el problema al fabricante extranjero.

Los distribuidores tienen igualmente obligaciones legales. Antes de comercializar un producto, deben verificar los marcados y documentos de conformidad prescritos y, cuando proceda, las instrucciones y la información de seguridad en turco. Si saben o deberían saber que un producto en circulación no es conforme, deben comprobar que se están adoptando las medidas correctoras adecuadas.

En un incidente, por tanto, rara vez basta con preguntar quién fabricó físicamente el artículo.

La pregunta jurídicamente relevante es qué papel legal asumió cada participante al llevar ese producto al mercado.

5. Los vendedores de marca propia pueden convertirse en fabricantes, y los distribuidores pueden heredar la responsabilidad por su silencio

El artículo 11 contiene algunas de las disposiciones de mayor trascendencia comercial de la ley.

El importador o distribuidor que introduce un producto en el mercado con su propio nombre o marca, o que modifica un producto existente de forma que pueda afectar a su conformidad, se considera fabricante a efectos de las obligaciones del fabricante y del régimen de responsabilidad por productos.

Esta regla es especialmente importante en los acuerdos de marca propia.

Una empresa turca puede comprar un producto a una fábrica extranjera, rediseñar el embalaje y colocar solo su propia marca en el producto. Comercialmente puede describir la fábrica extranjera como «el fabricante».

Esa descripción no determina necesariamente la posición legal en Türkiye.

El artículo 11 va más allá.

Cuando no puede identificarse al fabricante, al representante autorizado o al importador, el distribuidor que no facilite al perjudicado los datos de identificación y contacto exigidos (o, si no están disponibles, los del operador económico anterior en la cadena de suministro) en los diez días hábiles siguientes a la solicitud puede responder él mismo de la indemnización como si fuera el fabricante.

Es una regla de cumplimiento poderosa, porque convierte un fallo de trazabilidad en una posible responsabilidad sustantiva.

El distribuidor que no puede identificar de dónde procede el producto puede dejar de ser un simple eslabón intermedio de la cadena.

6. La trazabilidad debe diseñarse para el día en que algo falle

El artículo 12 obliga a los operadores económicos a llevar registros que identifiquen al operador anterior y, en su caso, al posterior en la cadena de suministro, junto con información que facilite la identificación del producto.

Esos registros deben conservarse, por regla general, al menos diez años desde la fecha en que el producto se introduce o empieza a comercializarse en el mercado, y deben presentarse a la autoridad competente cuando esta lo solicite.

La obligación se extiende expresamente a las empresas que introducen productos en el mercado por vía electrónica y a los prestadores de servicios de intermediación que proporcionan el entorno de comercio electrónico.

La razón regulatoria es evidente.

La consecuencia comercial a veces lo es menos.

Supongamos que un defecto de un componente afecta a un solo lote de fabricación.

Si el fabricante puede identificar el lote afectado, el importador los envíos y los distribuidores a los clientes afectados, la medida correctora puede limitarse a una población identificable.

Si la cadena no puede determinar qué productos contienen el componente, un defecto acotado puede convertirse en una retirada o recuperación mucho mayor.

Los números de lote, los números de serie, los registros de envío y la información de clientes guardan, por tanto, una relación directa con el coste de una recuperación.

La trazabilidad no es solo una obligación de inspección.

Determina con qué precisión puede reaccionar una empresa.

7. La vigilancia del mercado puede continuar después de emitidos todos los certificados

Las facultades de la autoridad competente conforme a la Ley n.º 7223 son amplias.

Los productos pueden inspeccionarse desde su introducción en el mercado hasta que llegan al usuario final y, cuando el régimen técnico lo permite, durante la importación, la exportación, la instalación, la puesta en servicio o el uso.

Las autoridades pueden inspeccionar almacenes, medios de transporte, centros de trabajo e instalaciones de fabricación; solicitar información y registros; examinar marcados y documentación; tomar muestras; encargar ensayos y realizar evaluaciones de riesgo.

Cuando hay motivos suficientes para creer que un producto presenta un riesgo, la autoridad valora tanto la probabilidad de que el peligro se materialice como la gravedad del posible daño.

La ausencia o insuficiencia de los marcados de conformidad, expedientes técnicos, etiquetas o instrucciones exigidos puede por sí sola justificar una evaluación de riesgo y medidas correctoras.

Según las circunstancias, la escala de medidas correctoras puede incluir:

• la subsanación de la no conformidad;
• la inclusión o corrección de advertencias;
• la suspensión temporal;
• la prohibición de seguir comercializando el producto;
• la retirada de la cadena de suministro;
• la recuperación de los usuarios finales;
• la destrucción o inutilización del producto; y
• la publicación por la autoridad de la medida adoptada.

Los casos de riesgo grave pueden justificar medidas inmediatas.

En los demás, la ley suele conceder al operador la oportunidad de alegar antes de que la autoridad adopte su decisión final.

La respuesta a la autoridad debe tratarse, por tanto, como un ejercicio técnico y jurídico conjunto.

8. Retirada y recuperación son medidas distintas

La terminología importa porque la carga operativa es muy diferente.

La retirada busca impedir que un producto siga comercializándose dentro de la cadena de suministro.

La recuperación se refiere a productos que ya han llegado a los usuarios finales y pretende que esos productos vuelvan. La Ley n.º 7223 define expresamente la recuperación en ese sentido.

El artículo 19 configura la recuperación como una medida para los casos en que las demás medidas resultan insuficientes para eliminar el riesgo.

La recuperación puede ser iniciada voluntariamente por el operador económico o exigida por la autoridad competente.

La comunicación pública debe identificar el producto afectado, explicar el problema y facilitar las condiciones de devolución o reparación. Al usuario final que devuelve el producto debe ofrecérsele al menos una de las alternativas legales:

• la solución del problema que motivó la recuperación;
• el pago del precio de venta del producto en la fecha de entrega; o
• la sustitución por un producto seguro, equivalente y técnicamente conforme.

Los costes de la recuperación corren a cargo del operador que la lleva a cabo, y el proceso no puede imponer costes adicionales al usuario final.

En consecuencia, un aviso de recuperación no debe redactarlo solo el departamento de marketing.

Es a la vez una comunicación de seguridad, un documento regulatorio y una posible prueba en un litigio.

Debe ser lo bastante claro para proteger a los usuarios sin hacer afirmaciones fácticas sobre la causa técnica que la empresa todavía no puede sostener.

9. Las medidas correctoras voluntarias pueden cambiar sustancialmente la exposición regulatoria

Una de las disposiciones más importantes de la ley es también una de las que más fácilmente se pasan por alto.

Conforme al artículo 21(1), el operador económico que detecta una no conformidad antes de recibir un requerimiento o advertencia de la autoridad competente, adopta voluntariamente las medidas necesarias para eliminar la no conformidad y el riesgo (incluida la recuperación cuando sea necesaria) y subsana por completo la no conformidad no queda sujeto a las sanciones administrativas previstas en la Ley n.º 7223.

Las condiciones deben leerse con atención.

La regla no es una amnistía general para las empresas que cooperan una vez iniciada la actuación de la autoridad.

Tampoco significa que adoptar medidas correctoras elimine automáticamente las reclamaciones de indemnización ya nacidas de un daño.

Es una consecuencia legal vinculada a la corrección voluntaria antes de la intervención de la autoridad y a la eliminación completa de la no conformidad.

Su trascendencia empresarial es considerable.

La empresa que detecta un problema real en un producto debe valorar con rapidez si puede contenerlo voluntariamente, si es necesaria una notificación, qué población está afectada y qué medida correctora es proporcionada.

La demora puede alterar la posición regulatoria.

Ello no significa que toda reclamación deba desencadenar una recuperación inmediata.

Sí significa que un indicio creíble de no conformidad sistémica no debería quedarse semanas entre calidad, atención al cliente y dirección sin que nadie asuma la decisión regulatoria.

10. Las ventas en línea tienen su propia arquitectura de control

Türkiye introdujo un régimen específico para los productos ofrecidos por canales de comunicación a distancia con el Reglamento sobre la Vigilancia e Inspección del Mercado de los Productos Ofrecidos por Medios de Comunicación a Distancia, publicado el 30 de octubre de 2024 y aplicable desde el 1 de abril de 2025.

El reglamento se aplica junto a la Ley n.º 7223 y no la sustituye.

Entre sus principales efectos, los anuncios de productos en línea deben mostrar la información prescrita del producto, incluidas las advertencias en turco, la información de seguridad y los marcados de conformidad aplicables.

Las plataformas intermediarias deben designar un Punto de Contacto de Seguridad de los Productos para las comunicaciones con las autoridades y los usuarios.

Para determinadas categorías de productos, el producto ofrecido a usuarios finales turcos debe contar además con un operador económico establecido en Türkiye.

La regla de las 24 horas es especialmente importante.

Cuando la autoridad competente detecta un producto no conforme anunciado o vendido en línea y emite la notificación prescrita, el contenido correspondiente debe retirarse en 24 horas. Si no se retira, puede bloquearse el acceso a ese contenido. Este mecanismo ya figura en el artículo 17 de la Ley n.º 7223 y se ve reforzado por el régimen de ventas a distancia.

La Ley n.º 7223 permite también a las autoridades realizar compras en línea u otras compras a distancia sin revelar su identidad y utilizar los productos adquiridos como muestras de inspección.

Para las plataformas, la distinción relevante es funcional.

Ofrecer un mercado electrónico no convierte necesariamente a la plataforma en fabricante o importador.

Pero si la misma empresa también importa mercancías, mantiene existencias, actúa como proveedor logístico de pedidos, coloca su propia marca en los productos o asume de otro modo el papel legal de un operador económico, el análisis jurídico cambia en consecuencia.

La descripción comercial del modelo de negocio que haga el grupo no es decisiva.

Lo decisivo es la actividad real.

11. Los derechos de garantía del consumidor y la responsabilidad por productos deben mantenerse separados

La Ley n.º 6502 de Protección del Consumidor otorga al consumidor, cuando los bienes son defectuosos, derechos como la resolución, la reducción del precio, la reparación gratuita y la sustitución por bienes conformes.

Esos derechos se refieren al cumplimiento defectuoso de la compraventa y a los derechos del consumidor respecto de los bienes. No son lo mismo que la responsabilidad del artículo 6 por lesiones o daños materiales causados por un producto no conforme, ni lo mismo que una recuperación ordenada por la autoridad.

Esta distinción resulta crítica cuando un problema de seguridad afecta a una gran población de productos.

Una empresa no puede gestionar necesariamente un defecto sistémico de seguridad como una serie de incidencias de garantía aisladas.

Si 20 consumidores han reclamado pero siguen en circulación 25.000 unidades con el mismo componente peligroso, resolver las 20 reclamaciones individuales puede dejar intacto el problema regulatorio.

Lo contrario también es cierto.

Un producto devuelto por un defecto de calidad ordinario no genera automáticamente una cuestión de recuperación regulatoria.

Los hechos técnicos determinan qué régimen se activa.

12. Los contratos reparten el coste dentro de la cadena; no reescriben la responsabilidad imperativa

Los contratos de fabricación, suministro y distribución siguen siendo sumamente importantes.

Un contrato bien estructurado debería abordar cuestiones como:

• la responsabilidad por el expediente técnico y la evaluación de la conformidad;
• las especificaciones del producto y el control de cambios;
• los ensayos y el aseguramiento de la calidad;
• las etiquetas, los marcados y las instrucciones en turco;
• la escalada de reclamaciones;
• la trazabilidad;
• las comunicaciones con la autoridad;
• la facultad de suspender las ventas;
• la toma de decisiones sobre retirada y recuperación;
• los gastos de recuperación;
• el seguro de responsabilidad por productos y de recuperación;
• la defensa frente a reclamaciones de terceros; y
• la indemnidad y la repetición entre los participantes de la cadena de suministro.

Esas cláusulas pueden determinar qué parte comercial soporta en última instancia buena parte de las consecuencias económicas de un incidente.

No pueden hacer desaparecer los derechos imperativos de terceros.

El artículo 6 declara expresamente ineficaces las cláusulas que pretenden eliminar o reducir de la forma prohibida la responsabilidad indemnizatoria legal del fabricante o del importador.

El objetivo correcto de redacción no es, por tanto, excluir contractualmente el derecho turco de productos.

Es decidir, en la medida en que la ley lo permita, cómo se repartirá la exposición después de que el perjudicado legal o la autoridad hayan ejercido sus derechos.

13. El primer incidente grave debe activar un único registro fáctico controlado

Una crisis de producto es más difícil de gestionar cuando los equipos técnico, jurídico, de seguros y de atención al cliente trabajan con versiones distintas de los hechos.

Tras un incidente grave, la primera prioridad suele ser la preservación.

Puede ser necesario asegurar el producto físico implicado. Deben conservarse fotografías, versiones de firmware o software, números de lote y de serie, datos de ensayos, registros de producción y reclamaciones. Puede ser necesario poner en cuarentena las existencias afectadas mientras se identifica la población afectada.

Al mismo tiempo, la empresa debe determinar:

• qué reglamento técnico rige el producto;
• qué papel legal ocupa cada sociedad del grupo o contraparte;
• si existen incidentes similares;
• si debe suspenderse la distribución;
• si debe involucrarse a la autoridad competente;
• si sigue siendo posible una medida correctora voluntaria;
• si es necesario notificar de inmediato a las aseguradoras; y
• qué comunicaciones pueden hacerse con seguridad y exactitud a clientes y distribuidores.

El equipo técnico debe determinar qué ocurrió.

El equipo jurídico debe determinar qué consecuencias se derivan de esa conclusión.

Ninguna de las dos tareas funciona bien sin la otra.

Para un fabricante internacional surge una pregunta adicional: si el mismo producto o componente está en circulación en otras jurisdicciones.

Un único problema de ingeniería puede convertirse muy deprisa en varios asuntos regulatorios.

Conclusión

El derecho turco de productos se entiende mejor como un ciclo de vida que como un régimen de indemnización que solo empieza cuando alguien resulta lesionado.

Antes de la entrada en el mercado, la empresa debe determinar las normas técnicas aplicables al producto, completar la evaluación de la conformidad exigida y mantener la documentación adecuada.

Mientras el producto está en circulación, fabricantes, importadores y distribuidores tienen obligaciones continuas en materia de conformidad, reclamaciones, advertencias, trazabilidad y medidas correctoras.

Cuando aparece una no conformidad, la Ley n.º 7223 ofrece un marco gradual que va de la corrección y las advertencias a la suspensión, la retirada y la recuperación. La empresa que actúa voluntariamente antes de la intervención de la autoridad y elimina por completo la no conformidad puede obtener además la protección específica frente a las sanciones administrativas del artículo 21.

Cuando el daño ya se ha producido, el artículo 6 crea un régimen de indemnización separado que exige probar el daño y la causalidad entre la no conformidad y la pérdida, preservando las demás bases de responsabilidad.

Y desde abril de 2025 la distribución en línea opera dentro de un marco de control adicional que regula los anuncios, la cooperación de las plataformas, los Puntos de Contacto de Seguridad de los Productos y, para determinadas categorías, la presencia de un operador económico turco.

Para las empresas, la distinción más importante no es, por tanto, simplemente la que separa un producto «seguro» de uno «inseguro».

Es la que separa a la empresa capaz de identificar y controlar un problema de producto mientras aún es manejable de la que empieza a reconstruir su cadena de suministro solo después de que la autoridad, el cliente o la aseguradora ya lo hayan hecho.

Cómo puede ayudar Terziolu & Partners

Terziolu & Partners asesora a fabricantes, importadores, distribuidores, minoristas, aseguradoras, empresas en línea y grupos internacionales en asuntos regulatorios y controversias relacionados con productos y vinculados a Türkiye. Nuestro trabajo puede incluir el análisis de la entrada en el mercado y del cumplimiento; la identificación de las obligaciones de fabricantes, importadores y distribuidores; los acuerdos de suministro y distribución; las estructuras de trazabilidad y registro; los requerimientos regulatorios y los procedimientos de vigilancia del mercado; la estrategia de medidas correctoras, retirada y recuperación; el cumplimiento en las ventas en línea; las reclamaciones por responsabilidad por productos; los seguros y la subrogación; la repetición entre los participantes de la cadena de suministro; y la coordinación de incidentes de producto en varias jurisdicciones, con el apoyo de nuestras áreas de regulatorio y cumplimiento, seguros y resolución de controversias.

Cuando ya se ha producido un incidente de seguridad, la respuesta regulatoria, la preservación de la prueba, los seguros y el posible litigio deben coordinarse normalmente desde el principio. La posición jurídica es más fácil de proteger mientras los hechos todavía se están produciendo.

Comente con nuestro equipo un asunto de seguridad de productos, recuperación o responsabilidad por productos.

Fuentes seleccionadas

Legislación

Ley n.º 7223 sobre Seguridad de los Productos y Reglamentos Técnicos, publicada en el Boletín Oficial el 12 de marzo de 2020 y en vigor desde el 12 de marzo de 2021, en particular los artículos 4 a 12 y 15 a 23 (texto oficial del Ministerio de Comercio).

Seguridad general de los productos

Reglamento General de Seguridad de los Productos, Boletín Oficial n.º 31420 de 11 de marzo de 2021, en vigor desde el 12 de marzo de 2021. El Reglamento regula los requisitos generales de seguridad de los productos cuando no existe un reglamento técnico aplicable o el existente no aborda la cuestión de salud, seguridad o riesgo de que se trate.

Vigilancia del mercado y conformidad

Legislación marco de seguridad de los productos, Ministerio de Comercio de la República de Türkiye, página actual del marco normativo (consultada en septiembre de 2026). El Ministerio enumera la Ley n.º 7223 junto con el Reglamento General de Seguridad de los Productos, el Reglamento Marco de Vigilancia e Inspección del Mercado, el Reglamento del Marcado CE y los demás instrumentos principales de desarrollo.

Ventas en línea y a distancia

Reglamento sobre la Vigilancia e Inspección del Mercado de los Productos Ofrecidos por Medios de Comunicación a Distancia, Boletín Oficial n.º 32707 de 30 de octubre de 2024, en vigor desde el 1 de abril de 2025.

Ministerio de Comercio, Guía de Aplicación del Reglamento (actualizada el 16 de mayo de 2025), con orientaciones oficiales para la aplicación del régimen de seguridad de los productos en las ventas a distancia.

Protección del consumidor

Ley n.º 6502 de Protección del Consumidor, en particular las disposiciones sobre bienes defectuosos y derechos del consumidor (publicación oficial del Ministerio de Comercio).

Publicación de productos inseguros

GÜBİS / Güvensiz Ürün Portalı (Portal de Productos Inseguros), Ministerio de Comercio de la República de Türkiye, que publica los productos declarados oficialmente inseguros junto con el riesgo identificado y la medida impuesta. Las entradas oficiales muestran medidas como la prohibición de introducción en el mercado y la retirada.