Hacer negocios en Turquía: consideraciones legales clave para inversores extranjeros

Turquía ocupa una posición comercial singular entre Europa, Oriente Medio, Asia Central y el Mediterráneo. Su considerable mercado interno, su base industrial consolidada, sus enlaces de transporte internacionales y su activo sector privado siguen atrayendo a empresas, inversores y emprendedores extranjeros.

Entrar en el mercado turco, sin embargo, requiere algo más que constituir una sociedad o identificar a un socio comercial local. La estructura jurídica de la inversión, el reparto del riesgo contractual, la gobernanza corporativa, los requisitos regulatorios y las posibles vías de salida deberían considerarse todos antes de asumir compromisos sustanciales.

Esta guía ofrece una panorámica de las principales cuestiones legales que los inversores internacionales deberían examinar al hacer negocios en Turquía.

1. El marco de inversión extranjera de Turquía

La inversión extranjera en Turquía se rige principalmente por la Ley de Inversión Extranjera Directa n.º 4875 y la legislación relacionada.

Como principio general, los inversores extranjeros pueden invertir en Turquía y reciben el mismo trato que los inversores nacionales, con sujeción a las restricciones derivadas de la legislación sectorial, las actividades reguladas y otras reglas aplicables.

Una persona física o una empresa extranjera puede, por tanto, constituir ordinariamente o adquirir una participación en una sociedad turca sin necesidad de nombrar a un socio turco por el mero hecho de su condición extranjera.

Esta libertad general para invertir no elimina la necesidad de un análisis regulatorio. Ciertos sectores pueden exigir licencias, aprobaciones previas, requisitos de capital mínimo o estructuras de titularidad y gestión particulares. Estas cuestiones deberían examinarse antes de firmar la documentación de la inversión, en lugar de después de que la sociedad se haya constituido o la adquisición se haya completado.

2. Elegir la estructura empresarial apropiada

La estructura jurídica apropiada depende de la actividad propuesta, el modelo de titularidad, el tamaño de la inversión, los acuerdos de financiación y la estrategia comercial a largo plazo. Entre las estructuras habituales están una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sucursal de una empresa extranjera, una oficina de enlace, una empresa conjunta contractual o societaria y la adquisición de participaciones en una sociedad turca existente.

Sociedad de responsabilidad limitada. Se usa con frecuencia para negocios de capital cerrado, filiales y sociedades operativas. Puede ser adecuada cuando el grupo de titulares es relativamente reducido y el negocio no requiere una estructura de inversión o de participaciones más compleja.

Sociedad anónima. Puede ofrecer mayor flexibilidad para inversiones con una pluralidad de socios, inversores institucionales, distintas clases de participaciones, futuras rondas de financiación, transmisiones de participaciones o una posible salida. La distinción entre ambas estructuras no debería reducirse a los costes de constitución: la gobernanza, las restricciones a la transmisión, la autoridad de gestión, las protecciones de la minoría, la financiación y los planes de salida también deberían considerarse.

Sucursal. Una sucursal turca de una empresa extranjera no tiene personalidad jurídica separada de su matriz. Esto puede simplificar el control directo del grupo, pero puede exponer a la matriz extranjera de forma más directa a las responsabilidades derivadas de la operación turca.

Oficina de enlace. Por lo general no está autorizada a realizar actividades comerciales ni a generar ingresos en Turquía. Puede ser adecuada para la investigación de mercado, la coordinación o la representación, pero no debería tratarse como una alternativa a una sociedad operativa.

La estructura elegida debería reflejar el plan de negocio real, en lugar de limitarse a ofrecer la vía más rápida a la inscripción.

3. Constitución de la sociedad y gobernanza corporativa

La constitución de la sociedad es solo el comienzo administrativo de una inversión. Los documentos constitutivos, los acuerdos de gestión y los pactos de socios deberían reflejar la relación comercial real entre los inversores.

Entre las cuestiones importantes pueden estar los compromisos de capital; el nombramiento y cese de administradores o gerentes; las facultades de gestión y representación; las decisiones reservadas a los socios; los umbrales de voto; la política de dividendos; la financiación de los socios; las restricciones a la transmisión de participaciones; los derechos de adquisición preferente; los derechos de acompañamiento (tag-along) y de arrastre (drag-along); las protecciones de los socios minoritarios; los procedimientos de bloqueo; las obligaciones de no competencia y confidencialidad; y los mecanismos de salida.

Cuando hay más de un inversor, un pacto de socios cuidadosamente preparado puede ser tan importante como los estatutos sociales.

También es esencial determinar quién tiene autoridad para obligar a la sociedad. Unas facultades de firma poco claras o unas aprobaciones internas mal documentadas pueden dar lugar a compromisos no autorizados, disputas de gobernanza e incertidumbre en las relaciones con bancos, empleados, clientes y proveedores.

4. Due diligence legal

Un inversor que adquiere participaciones, un negocio, un activo sustancial o una sociedad operativa en Turquía debería ordinariamente realizar la due diligence legal antes de firmar o cerrar la operación. La due diligence tiene por objeto determinar si el inversor adquiere lo que espera, si la sociedad objetivo es titular de los activos y derechos que afirma poseer, si existen responsabilidades relevantes, si se requieren consentimientos regulatorios o contractuales, y cómo deberían afectar a la operación los riesgos identificados.

El alcance suele incluir los registros societarios y la titularidad; el capital social y los derechos de los socios; la gestión y la autoridad de firma; los contratos comerciales relevantes; los acuerdos de financiación y las garantías; las disputas pendientes y las amenazadas; los procedimientos de ejecución; las licencias y permisos regulatorios; las cuestiones laborales; la propiedad intelectual; la protección de datos; el inmobiliario; las cuestiones ambientales; la cobertura de seguros; y las operaciones con partes vinculadas.

El valor de la due diligence no reside meramente en identificar problemas, sino en evaluar su relevancia jurídica y comercial. Según los hallazgos, un inversor puede requerir un ajuste de precio, una condición suspensiva, una acción correctora antes del cierre, una garantía contractual, una indemnización específica, un depósito en garantía, una garantía adicional, una reestructuración de la operación o la retirada de la inversión propuesta.

5. Contratos comerciales

Las empresas internacionales a veces se apoyan en contratos preparados para otra jurisdicción sin adaptarlos suficientemente al derecho turco, a las normas imperativas y a la práctica comercial local. Un contrato destinado a usarse en Turquía debería revisarse tanto en cuanto a su ejecutabilidad jurídica como a su aplicación práctica.

Debería prestarse especial atención al alcance del trabajo o a las obligaciones de suministro; el precio y la moneda; las condiciones de pago; los mecanismos de indexación y de ajuste de precios; los impuestos y los gastos; la entrega y la aceptación; los niveles de servicio; las declaraciones y garantías; la limitación de responsabilidad; las penalidades y la cláusula penal; las indemnizaciones; los derechos de terminación; la fuerza mayor; la confidencialidad; la propiedad intelectual; los datos personales; la ley aplicable; y la resolución de disputas.

La cláusula de ley aplicable no debería verse de forma aislada. Incluso cuando se elige una ley extranjera, las normas imperativas turcas pueden seguir siendo relevantes para el empleo, la propiedad, la regulación, la insolvencia, la competencia, la protección del consumidor o la ejecución. Los acuerdos bilingües también requieren cuidado: cuando se firman versiones en turco y en inglés, el acuerdo debería indicar con claridad qué idioma prevalece si las dos versiones entran en conflicto.

6. Requisitos regulatorios y específicos del sector

El marco regulatorio aplicable a una inversión depende en gran medida del sector de que se trate. Pueden surgir licencias, notificaciones, aprobaciones, cualificaciones mínimas o restricciones de titularidad adicionales en sectores como la banca y los servicios financieros, los seguros, la energía, las telecomunicaciones, la aviación, los medios, la sanidad, la industria farmacéutica, la defensa, el transporte, la educación y los servicios profesionales regulados.

El derecho de la competencia también puede requerir un análisis cuando una adquisición, fusión o empresa conjunta cumple las condiciones de notificación aplicables.

Una sociedad puede estar válidamente constituida pero seguir sin poder iniciar operaciones sin una autorización sectorial, permisos municipales, licencias de apertura u otras aprobaciones regulatorias. Por ello, el proceso de aprobación exigido debería identificarse pronto y reflejarse en el calendario de la operación y en la documentación contractual.

7. Empleo y autorización de trabajo para extranjeros

La titularidad extranjera de una sociedad turca no da automáticamente a un socio, administrador o empleado extranjero el derecho a trabajar en Turquía. Los nacionales extranjeros que pretendan trabajar en Turquía necesitarán por lo general un permiso de trabajo apropiado, salvo que se aplique una exención específica.

Los inversores deberían distinguir entre la titularidad de participaciones, el nombramiento como administrador o gerente, los derechos de residencia y la autorización para trabajar activamente en el negocio.

Los acuerdos laborales deberían revisarse en relación con las condiciones de empleo por escrito; la retribución y los beneficios; la jornada; el trabajo remoto e híbrido; las políticas del lugar de trabajo; la confidencialidad; la propiedad intelectual; los pactos restrictivos; la seguridad y salud en el trabajo; los derechos legales de los empleados; los procedimientos disciplinarios; y la terminación.

Los contratos de la alta dirección pueden requerir disposiciones adicionales sobre la autoridad, la información, los incentivos por rendimiento, los conflictos de interés y el tratamiento de la información comercialmente sensible. Las decisiones de terminación deberían planificarse con cuidado: incluso cuando un empleador tiene un motivo comercial legítimo, los errores de procedimiento pueden crear reclamaciones evitables y exposición financiera.

8. Propiedad intelectual y protección de marca

Inscribir el nombre de una sociedad no proporciona, por sí solo, una protección completa de la marca. Los inversores extranjeros deberían considerar la protección de la marca y del nombre de dominio antes de lanzar productos, firmar acuerdos de distribución o invertir significativamente en marketing.

Una revisión de propiedad intelectual puede incluir las búsquedas y el registro de marcas; la titularidad del software, los diseños y el contenido; las cesiones de derechos de autor; los acuerdos de licencia; los nombres de dominio; la propiedad intelectual creada por los empleados; los materiales desarrollados por contratistas; los secretos comerciales; las protecciones de confidencialidad; y la respuesta a las infracciones.

Cuando un distribuidor, agente, consultor o socio comercial local vaya a usar la marca del inversor, el acuerdo debería definir con claridad el uso permitido y las consecuencias del vencimiento o la terminación. Un registro demorado puede debilitar de forma sustancial la posición del inversor si más adelante surge una disputa.

9. Protección de datos y transferencias transfronterizas de datos

Las empresas que operan en Turquía deberían evaluar la aplicación del derecho turco de protección de datos al inicio de sus operaciones. La protección de datos no se limita a un aviso de privacidad en un sitio web. Puede afectar a las bases de datos de clientes, los registros de empleados, las actividades de marketing, los sistemas de videovigilancia, los servicios en la nube, los proveedores externalizados, las grabaciones de llamadas, las aplicaciones móviles y los sistemas internacionales del grupo.

Un marco de cumplimiento práctico puede requerir cartografiar los datos personales tratados; identificar las bases legales de tratamiento; preparar avisos de privacidad; establecer plazos de conservación; regular las relaciones con los prestadores de servicios; gestionar las solicitudes de los interesados; implantar medidas de seguridad técnicas y organizativas; mantener procedimientos de respuesta a incidentes; y revisar las transferencias internacionales de datos.

El marco de transferencia transfronteriza de datos de Turquía ha experimentado una reforma significativa. Los grupos internacionales deberían revisar si las transferencias al extranjero se apoyan en una decisión de adecuación aplicable, en salvaguardas apropiadas como las cláusulas contractuales tipo, o en otro mecanismo de transferencia legalmente disponible. No debería presumirse automáticamente que el cumplimiento del RGPD o de otro régimen de privacidad extranjero satisface los requisitos turcos.

10. Inmuebles e inversiones inmobiliarias

El inmobiliario puede formar parte de una inversión industrial, un proyecto hotelero, una operación comercial, una necesidad de oficinas o una inversión privada. Antes de adquirir o arrendar una propiedad, los inversores deberían examinar algo más que el registro del título.

La revisión puede incluir la titularidad legal; las hipotecas y garantías; los embargos y otras cargas; la calificación urbanística; el uso permitido; las licencias de construcción; las licencias de ocupación; los derechos de arrendamiento; el acceso; las infraestructuras; los planes de gestión; las cuestiones ambientales; las restricciones contractuales; y las reglas sobre titularidad extranjera.

El tratamiento jurídico de una adquisición directa por una persona extranjera puede diferir del de una adquisición por una sociedad turca con titularidad o control extranjeros. No debería realizarse ningún pago sustancial únicamente sobre la base de un folleto de venta, un formulario de reserva o una garantía informal acerca del título, la calificación urbanística, los derechos de construcción o el futuro desarrollo.

11. Distribución, agencia y asociaciones comerciales

Las empresas extranjeras a menudo entran en Turquía a través de un distribuidor, agente, franquiciado, socio de empresa conjunta o prestador de servicios local. La selección del socio comercial debería respaldarse con una verificación jurídica y comercial.

Los acuerdos deberían abordar el territorio; la exclusividad; los objetivos de ventas; los precios; las obligaciones de marketing; la responsabilidad regulatoria; el uso de la propiedad intelectual; la titularidad de los clientes; las obligaciones de cumplimiento; la información; los derechos de auditoría; la terminación; las restricciones posteriores a la terminación; y el tratamiento de las existencias y de la información confidencial.

Una relación descrita contractualmente como independiente puede crear igualmente riesgos jurídicos si la conducta real de las partes sugiere una relación distinta. Por ello, la estructura debería evaluarse a la luz tanto del acuerdo escrito como del modelo operativo esperado.

12. Financiación y garantías

Una inversión puede financiarse mediante capital, préstamos de socios, financiación externa o una combinación de métodos. La estructura de financiación debería considerarse junto con las aprobaciones societarias; las reglas cambiarias; el tratamiento fiscal; las condiciones de interés y de reembolso; las restricciones a la asistencia financiera; los precios de transferencia; los paquetes de garantías; y el riesgo de insolvencia.

Entre las formas habituales de garantía pueden estar las prendas de participaciones, las hipotecas, las prendas de empresa comercial, la garantía sobre cuentas bancarias, la cesión de créditos, las fianzas y los compromisos contractuales. La validez, la prelación y la ejecutabilidad de las garantías deberían revisarse antes de desembolsar los fondos.

13. Coordinación fiscal

El asesoramiento fiscal debería integrarse con la estructura jurídica de una inversión. El análisis apropiado puede incluir el impuesto de sociedades, las retenciones, el impuesto sobre el valor añadido, los derechos de aduana, el impuesto de timbre, los precios de transferencia, la financiación, los repartos de dividendos, las transmisiones de activos, los impuestos laborales y los convenios para evitar la doble imposición aplicables.

El menor coste fiscal inicial no es necesariamente la estructura más adecuada a largo plazo. La gobernanza, los requisitos regulatorios, la repatriación de beneficios, la financiación y la salida también deberían considerarse. Por ello, los asesores jurídicos y fiscales deberían coordinar la estructura antes de su implementación.

14. Resolución de disputas

La resolución de disputas debería considerarse al redactar el contrato, no después de que la relación se haya roto. El mecanismo disponible puede implicar los tribunales turcos, el arbitraje nacional, el arbitraje internacional, la mediación, el dictamen pericial, o un procedimiento escalonado de negociación y resolución de disputas.

La elección apropiada depende de la naturaleza de las partes; el valor y la complejidad de la operación; los requisitos de confidencialidad; la ubicación de los bienes; la necesidad de medidas urgentes provisionales; la naturaleza técnica de la disputa; y el probable proceso de ejecución.

Una sentencia o un laudo extranjeros pueden requerir reconocimiento o ejecución antes de poder alcanzar los bienes en Turquía. Una decisión favorable no garantiza necesariamente el cobro inmediato: los inversores deberían considerar los bienes de la contraparte, su solvencia y su exposición a la ejecución antes de celebrar la operación.

15. Cumplimiento societario y regulatorio continuado

El cumplimiento legal debería tratarse como un proceso continuado y no como un ejercicio de la fase de constitución. Una sociedad operativa puede tener que gestionar las aprobaciones del consejo y de los socios; los libros y registros societarios; las presentaciones ante el registro mercantil; los cambios en la gestión o en la autoridad de firma; las obligaciones de titularidad real; la comunicación regulatoria; las cuestiones laborales; los contratos comerciales; la protección de datos; el derecho de la competencia; las políticas anticorrupción y de cumplimiento; la coordinación fiscal; los seguros; las disputas; y las renovaciones de licencias.

Las revisiones jurídicas periódicas pueden identificar debilidades antes de que se conviertan en litigio, investigación regulatoria, pérdida de licencia u obstáculos a la financiación y la inversión.

16. Planificación de la salida

La posibilidad de una salida eventual debería considerarse al estructurar la inversión. Las vías de salida pueden incluir una venta a un comprador estratégico, una transmisión a otro socio, una compra por la dirección (management buyout), una reorganización del grupo, una venta de activos, la liquidación u otra operación de mercados de capitales o de financiación.

La capacidad de salida puede verse afectada por las restricciones a la transmisión de participaciones, las aprobaciones regulatorias, los derechos de adquisición preferente, las cláusulas de acompañamiento y de arrastre, los mecanismos de valoración, las consecuencias fiscales, las responsabilidades laborales, las disputas no resueltas y las garantías otorgadas en el momento de la venta. Planificar la salida al inicio de la inversión puede reducir la incertidumbre cuando surja la oportunidad comercial.

Una lista de comprobación práctica para inversores extranjeros

Antes de comprometer capital o iniciar operaciones en Turquía, un inversor debería ordinariamente poder responder a lo siguiente:

1. ¿Qué estructura jurídica es la más apropiada para la actividad propuesta?
2. ¿Son aplicables aprobaciones específicas del sector o restricciones de titularidad?
3. ¿Se ha investigado debidamente la sociedad objetivo, el socio comercial o el activo?
4. ¿Están claramente definidas la gobernanza corporativa y las facultades de firma?
5. ¿Reparten los contratos adecuadamente el riesgo jurídico y comercial?
6. ¿Están protegidas la marca y la propiedad intelectual?
7. ¿Se han abordado las cuestiones de empleo y de permiso de trabajo para extranjeros?
8. ¿Está el negocio preparado para la protección de datos y las transferencias transfronterizas de datos?
9. ¿Están verificados los derechos inmobiliarios, los permisos y las cargas?
10. ¿Es ejecutable la estructura de financiación y de garantías propuesta?
11. ¿Es comercialmente eficaz el mecanismo de resolución de disputas?
12. ¿Existe una vía identificable de expansión, reestructuración o salida?
13. ¿Están asignadas internamente las responsabilidades de cumplimiento continuado?
14. ¿Se ha obtenido el asesoramiento jurídico y fiscal turco apropiado?

Preguntas frecuentes

¿Puede un extranjero constituir una sociedad en Turquía?

Como principio general, los inversores extranjeros pueden constituir sociedades en Turquía y reciben ordinariamente el mismo trato que los inversores nacionales. No obstante, pueden aplicarse restricciones, licencias y requisitos de actividad regulada específicos de cada sector.

¿Se exige un socio turco?

Por lo general no se exige un socio turco por el mero hecho de que el inversor sea extranjero. La situación puede diferir en ciertos sectores regulados o actividades sujetas a reglas de titularidad específicas.

¿Qué tipo de sociedad es el más adecuado?

Las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas son las estructuras que más se consideran. La elección adecuada depende de la titularidad, la gobernanza, la financiación, la transmisibilidad, los requisitos regulatorios y los planes de salida.

¿Cuánto tiempo lleva constituir una sociedad?

El proceso de inscripción a menudo puede completarse con relativa rapidez una vez preparados los documentos exigidos. No obstante, la obtención de documentos extranjeros, la legalización notarial, las traducciones, el registro fiscal, los trámites bancarios y las licencias operativas pueden afectar al calendario general.

¿Puede un socio extranjero trabajar en la sociedad turca?

La titularidad no confiere automáticamente el derecho a trabajar. Un socio, administrador o empleado extranjero puede necesitar un permiso de trabajo o reunir los requisitos de una exención específica según las circunstancias.

¿Pueden los inversores extranjeros comprar inmuebles?

Las personas físicas extranjeras, las personas jurídicas extranjeras y las sociedades turcas con titularidad extranjera pueden estar sujetas a reglas legales distintas. La propiedad, la estructura de titularidad, la ubicación y el uso previsto deberían revisarse antes de comprometerse.

¿Pueden los contratos regirse por una ley extranjera?

Puede elegirse una ley extranjera aplicable en las operaciones internacionales apropiadas. No obstante, las normas imperativas turcas pueden seguir aplicándose a ciertos aspectos de la relación, y la ejecutabilidad debería considerarse junto con la resolución de disputas y la ubicación de los bienes.

¿Está disponible el arbitraje en los contratos relacionados con Turquía?

Sí. El arbitraje nacional o internacional puede ser apropiado según la operación y las partes. La cláusula de arbitraje debería redactarse con cuidado en cuanto a la sede, la institución, el idioma, la ley aplicable y la ejecución.

¿Es necesaria la due diligence legal?

La due diligence es muy aconsejable en adquisiciones, empresas conjuntas, asociaciones comerciales relevantes y compras de activos importantes. Su alcance debería reflejar la operación y el perfil de riesgo del inversor.

Conclusión

Hacer negocios en Turquía puede ofrecer oportunidades sustanciales, pero una entrada de mercado exitosa requiere planificación jurídica antes de la constitución, la adquisición o el compromiso contractual. La estrategia jurídica más eficaz no se limita a completar las formalidades de inscripción. Debería conectar la estructura de la inversión, la gobernanza corporativa, los contratos comerciales, las aprobaciones regulatorias, el empleo, la propiedad intelectual, la protección de datos, el inmobiliario, la financiación, la resolución de disputas y la planificación de la salida.

Una revisión jurídica temprana permite al inversor identificar los problemas mientras todavía pueden abordarse mediante la estructura, la negociación y la documentación, en lugar de después de que se hayan convertido en responsabilidades operativas, regulatorias o financieras.

Cómo puede ayudar Terziolu & Partners

Asesoramos a empresas, inversores, emprendedores, familias y clientes privados en asuntos societarios, comerciales, de inversión y de disputas relacionados con Turquía. Nuestro trabajo puede incluir la evaluación de estructuras de entrada de mercado; la constitución y reorganización de sociedades; la preparación de acuerdos de socios y de gobernanza; la realización de la due diligence legal; la redacción y negociación de acuerdos comerciales; el apoyo a adquisiciones e inversiones; la revisión de los requisitos regulatorios y de cumplimiento; el asesoramiento sobre operaciones inmobiliarias; la gestión de disputas y asuntos de ejecución; y la coordinación de asesores cuando un asunto implica más de una jurisdicción.

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Este artículo se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye asesoramiento jurídico. La situación legal y regulatoria aplicable puede variar según la identidad del inversor, la actividad propuesta, el sector pertinente, la estructura de la operación y la fecha en que se solicite el asesoramiento. No debería adoptarse ni omitirse ninguna acción basándose únicamente en esta publicación. Debería obtenerse asesoramiento jurídico, regulatorio y fiscal específico antes de realizar una inversión, celebrar una operación o iniciar operaciones empresariales en Turquía. La presentación de una consulta a Terziolu & Partners no crea una relación abogado-cliente, salvo que el encargo se acepte formalmente por escrito y hasta ese momento.